“Hay una incertidumbre muy grande”: preocupación por los cambios en la ley de discapacidad
El proyecto de Presupuesto 2027 y las modificaciones previstas sobre la normativa de discapacidad generan preocupación entre organizaciones del sector. En diálogo con 'Desafío' por Aries, la directora de Colibrí: Asociación Síndrome de Down de Salta, Irma Argañaraz, cuestionó los cambios y sostuvo que implican un retroceso respecto del enfoque social y de derechos humanos.
“A través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se había desterrado este modelo psicométrico, médico, asistencialista, para pasar a un modelo social”, explicó Argañaraz. Según planteó, con las nuevas propuestas “se abandona totalmente el modelo social, de derechos humanos, fijado por la Convención, y se regresa a este modelo médico”.
Argañaraz puso el foco particularmente en las personas que pueden acceder a empleos temporarios o pasantías y advirtió sobre la falta de garantías de continuidad laboral. “No va a ser compatible tener una pensión con un trabajo, no hay garantía de un trabajo formal”, señaló.
Otro punto que genera inquietud entre las organizaciones es el esquema de aranceles para las prestaciones. “Están muy preocupados porque se elimina el arancel único”, indicó. Según explicó, el temor es que cada obra social, prepaga o provincia pueda establecer valores diferentes.
“Cada obra social, cada provincia estipulará qué es lo que se va a pagar, qué es lo que necesita realmente una persona con discapacidad y qué es lo que no necesita”, sostuvo. Sobre ese eventual mecanismo, agregó: “No saben con qué criterio se va a realizar esto”.
La directora de Colibrí también cuestionó los cambios vinculados con las actualizaciones de los valores y señaló que se reemplazaría la actualización mensual por “una pauta trimestral, discrecional”.
“Está todo en las nubes, nadie tiene una seguridad de qué es lo que va a pasar, hay una incertidumbre muy grande”, resumió Argañaraz sobre el escenario que observan las organizaciones y familias ante el proyecto.
Finalmente, manifestó preocupación por las modificaciones vinculadas con la cobertura sanitaria. Según explicó, uno de los puntos cuestionados es la derogación del artículo 8 de la Ley 27.793. “La cobertura médica obligatoria, que tiene un piso de acuerdo a la Ley 24.901, deja de ser un derecho legal exigible para los titulares de pensiones”, sostuvo.
Ante este escenario, Argañaraz remarcó que la inquietud no se limita a las entidades que trabajan en el área. “Están muy preocupadas las instituciones, las propias familias y las propias personas con discapacidad”, concluyó.