Ivana Chañi
La situación de los prestadores de discapacidad mejoró respecto de los primeros meses del año, pero los pagos todavía llegan con entre dos y tres meses de demora y los aranceles continúan desactualizados, advirtió María Elena Arce, directora de la Fundación Anidar.
En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Arce explicó que durante el primer trimestre las instituciones llegaron a esperar entre cinco y seis meses para cobrar. Esa brecha se redujo, aunque sostuvo que todavía no existe una normalización completa.
“Podríamos decir que hay cierta regularidad en el pago”, señaló, pero inmediatamente marcó las dificultades que persisten: demoras, valores desactualizados e incumplimientos en los reajustes previstos.
La referente salteña puso además el foco en el proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que incluye modificaciones sobre la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, y la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Actualmente, la Ley 24.901 establece que los aranceles del sistema deben tener valores iguales para las personas jurídicas obligadas a cubrir las prestaciones, disposición incorporada por la Ley 27.793.
Para Arce, modificar ese esquema significaría avanzar sobre una protección central del sistema. Lo definió como un “nuevo desguace silencioso” y afirmó que las normas vigentes funcionan como un “paraguas” para garantizar derechos a las personas con discapacidad y no solamente como una regulación para los prestadores.
“Nuevamente intentan desarmar y desguazar la ley”, cuestionó. También calificó los cambios planteados como “incomprensibles” y sostuvo que fueron impulsados sin suficiente participación de las personas con discapacidad y las organizaciones del sector.
La discusión ocurre mientras en Diputados continúa el tratamiento de iniciativas vinculadas con la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.
