Política Por: Iván Luis22/09/2026

ANDIS: la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo, Calvete y otros 18 imputados

El tribunal ratificó las acusaciones por negociaciones incompatibles, fraude y cohecho en la compra de medicamentos de alto costo.

La investigación judicial por las graves irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un paso decisivo este martes, cuando la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de diecinueve imputados, entre los que figuran el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, su segundo, Daniel Garbellini, y el empresario Miguel Ángel Calvete. 

Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron los planteos de las defensas y validaron la existencia de una estructura organizada para defraudar al Estado mediante el direccionamiento de compras públicas de medicamentos e insumos destinados al programa Incluir Salud.

La resolución judicial detalla un sistema montado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 que operaba mediante la manipulación del sistema informático interno (SIIPFIS), el cual era adulterado de forma manual para que las convocatorias de precios excluyeran a competidores legítimos y solo invitaran a empresas predeterminadas.

Según el fallo, la organización utilizaba oferentes "pantalla" para simular una competencia inexistente, garantizaba prioridad en los pagos y repartía ganancias indebidas en concepto de dádivas a funcionarios públicos. Como muestra del perjuicio fiscal, el tribunal destacó el caso del medicamento Burosumab, cuya misma unidad presentaba diferencias exorbitantes de precio según el proceso licitatorio, adjudicándose por más de cuarenta y cinco millones de pesos en compras exprés de escasa concurrencia frente a los veinticinco millones registrados en otras instancias.

Aunque la Cámara ratificó la calificación legal por delitos como asociación ilícita, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo, procedió a recortar los montos de los millonarios embargos preventivos dictados en primera instancia, fijando sumas que superan los treinta y seis mil millones de pesos para los principales acusados.

El fallo ratifica así los hallazgos preliminares de las auditorías internas y de los fiscales, consolidando una causa que deja al desnudo los mecanismos de arbitrio y sobreprecios aplicados en un área tan sensible para la asistencia social del Estado nacional.

(Con información de Ámbito)

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