Régimen Penal Juvenil: en Salta anticipan planteos y alertan por falta de estructura
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil podría enfrentar presentaciones judiciales desde Salta, mientras especialistas advierten que en distintos puntos de la provincia no existen jueces, fiscales, defensores ni establecimientos especializados suficientes para aplicar el nuevo esquema.
El abogado y columnista de N&N por Aries, Pablo del Pino, sostuvo que la Ley 27.801 genera fuertes discusiones entre operadores judiciales y puso el foco en la reducción de la edad de punibilidad a los 14 años. A su criterio, la modificación debe ser analizada bajo los tratados internacionales y el principio de progresividad de los derechos de niños y adolescentes.
“Si nosotros hemos avanzado a que la edad mínima de punibilidad sea a los 16 años, no puede retrocederse a los 14 años”, planteó. Del Pino sostuvo que existen jueces, fiscales y defensores que observan posibles vulneraciones de garantías constitucionales y convencionales en la nueva normativa.
La discusión adquirió mayor dimensión luego de que la jueza bonaerense Marta Pascual ordenara suspender por 60 días la aplicación del régimen a partir de un hábeas corpus colectivo. Del Pino explicó que esa decisión también generó cuestionamientos jurídicos acerca de hasta dónde puede un magistrado frenar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso.
Pero para el especialista el problema no termina en la edad de punibilidad. Advirtió que la aplicación concreta encuentra dificultades de infraestructura y especialización, particularmente en el interior salteño. “No existe un juez de menores, no existe un fiscal de menores, no existe un defensor de menores” en distintas localidades, señaló.
También cuestionó que, ante la falta de establecimientos adecuados, puedan intervenir estructuras penitenciarias que considera no preparadas específicamente para adolescentes. “Esa es la falta de presupuestos para la especificidad que requiere la ley, que tanto habla en su discurso, pero que luego en los hechos no puede concretarse”, afirmó.
Del Pino sostuvo además que el nuevo régimen pone mayor énfasis en la respuesta punitiva que en las herramientas socioeducativas y de resocialización. En ese contexto, cuestionó que se endurezcan las sanciones sin garantizar previamente los recursos necesarios para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal.
Consultado directamente sobre si podrían realizarse presentaciones desde Salta contra la aplicación del régimen, respondió: “Tengo entendido que sí”. Contó que participó de capacitaciones del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y de seminarios de litigación penal donde escuchó objeciones de fiscales y jueces sobre las garantías previstas en la nueva legislación.