El Procurador se negó a fundamentar sus acusaciones contra la esposa del excomisario Cordeyro

El Procurador Pedro García Castiella contestó la “supuesta intimación” de la familia Cordeyro para que confirme o rectifique sus acusaciones en las que aseguraba que habían limpiado prontuarios de allegados. “Resulta absolutamente improcedente e impertinente pretender que el suscripto brinde información relacionada a investigaciones o actuaciones actualmente en curso, y bajo ámbito reservado a los Fiscales Penales a cargo de las mismas, razón por la cual, la petición formulada resulta improcedente y por ello debe ser rechazada”.

El conflicto entre la defensa de Trinidad Socorro Chávez, viuda del excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro, y el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, sumó un nuevo capítulo. El funcionario respondió la intimación que le habían enviado, pero descartó aportar alguna prueba de las acusaciones que formuló públicamente contra la pareja.

El origen del conflicto

A fines de julio, García Castiella vinculó en una entrevista televisiva a Cordeyro y a Chávez con la presunta eliminación de antecedentes penales de integrantes de la familia Saavedra —el apellido del acusado del crimen de Jimena Salas, que apareció muerto horas antes de ir a juicio—. El Procurador llegó a afirmar que Chávez había intervenido, a pedido de la madre de los Saavedra, para "limpiar" ocho o nueve antecedentes de esa familia, entre ellos una denuncia por abuso sexual.

Frente a esas declaraciones, Reyes presentó una intimación formal ante el Ministerio Público Fiscal para que el Procurador retractara sus dichos o, en su defecto, los respaldara con documentación precisa: números de expediente, carátulas, fechas y todo elemento objetivo que sustentara la acusación.

La respuesta del Procurador

“De entender que se ha producido una afectación susceptible de reparación por mi persona a serme dirigida por propio derecho, ocurra por las vías procesales que estime pertinentes”, invitó García Castiella respecto a la posibilidad de una denuncia.

Para Reyes, esa postura resulta contradictoria: el mismo funcionario que se excusa de brindar información judicial por investigación en trámite fue quien, meses atrás, había señalado públicamente a Chávez como partícipe de un delito y había afirmado tener pruebas que él mismo dijo haber visto —entre ellas, según manifestó en su momento, videos guardados en la nube—.Todo esto, además, destacó, en un contexto en el que aún se investiga la muerte del excomisario.

Reyes sostuvo que la afirmación original de García Castiella no fue presentada como una hipótesis, sino como un hecho consumado: que Cordeyro "borró antecedentes a pedido". Para la defensa, eso implica que el jefe de los fiscales “no solo acusó, sino que además los juzgó y condenó”   sobre la culpabilidad de Chávez, algo que —remarcó el abogado— resulta “impropio de la objetividad que se espera del cargo.”

Los próximos pasos¨

Ante la respuesta que consideran insuficiente, la defensa evalúa iniciar una querella por calumnias e injurias contra el Procurador. En paralelo, Reyes adelantó que contestarán formalmente la nota del funcionario y renovarán la intimación: le dan 48 horas para que ratifique o rectifique sus declaraciones por los mismos medios en que las difundió, y un plazo de cinco días para que, en caso de no responder en ese primer término, le entregue a Chávez la información necesaria para poder ejercer su defensa y preservar la prueba.

Reyes remarcó además que la negativa del Procurador a brindar información abre la puerta a una revisión judicial, en la medida en que —según su interpretación—, “el propio jefe de los fiscales le está negando a Chávez el acceso a los elementos que la vinculan como sospechosa en una causa penal”.

El caso sigue abriendo frentes; la investigación por la muerte de Cordeyro y el “desaparecido” DVD con información sobre el crimen de Jimena Salas que el excomisario habría entregado en 2019 señalando a Javier Saavedra como sospechoso. A esto se suma ahora también la disputa pública entre la máxima autoridad del MPF salteño y la familia Cordeyro.