Opinión12/08/2026

Proyectos

Durante tres horas, la Cámara de Diputados debatió un proyecto demandando la restitución de una medida asistencialista. Se ahondó en la vulnerabilidad de algunos sectores pero quedaron fuera del análisis muchos aspectos que concurren a una creciente crisis social.

Legisladores oficialistas presentaron sobre tablas un proyecto de declaración pidiendo que siga vigente el programa ‘Volver al Trabajo’, que el gobierno nacional dio por concluido. Se trata de un beneficio que alcanzaba a unas 900 mil personas en todo el país, que percibía, 78 mil pesos y tenían opciones de capacitación laboral. La decisión del Ministerio de Capital Humano, que genera un perjuicio a 53 mil salteños, solo interrumpe la asignación monetaria.

Si bien los autores reconocieron su limitado alcance, sirvió para que se cuestionara un modelo de gestión que plantea objetivos que aún no han solucionado los problemas de amplias franjas poblacionales; más aún, se han generado mayores dificultades por la pérdida de fuentes de trabajo, el cierre de empresas y la caída del consumo, eslabones de una misma cadena. La oposición, encarnada en los nueve legisladores del bloque de La Libertad Avanza, ratificó en este debate los objetivos de la gestión, que especialmente son de orden fiscal y monetario e insistió en las mejoras que se evidencian en la economía, con registros de crecimiento.

En la discusión legislativa no se profundizaron datos como los ratificados por la Cámara PYME de Salta, respecto de los padecimientos del sector. Su presidente,  Darío Pellegrini, informó que por primera vez en casi 30 años, hay empresas concursadas dentro de su padrón de socios. Muchas de ellas comenzaron a achicar estructuras, cerrar locales o cambiar de actividad para alejarse de “esa línea roja de mortandad”, como la describió el dirigente. El principal problema sigue siendo la falta de crecimiento y la debilidad del consumo. 

Son problemas estructurales cuya resolución no se visualiza en lo inmediato y se agrava con la extensión de la crisis, que se va expandiendo en todos los sectores sociales. Es así que el endeudamiento de las familias se ha convertido en otras de las preocupaciones del ciudadano común, que ya está demandando la injerencia del Estado. La respuesta hasta ahora ha sido negativa porque el presidente Javier Milei observa que es una cuestión de carácter netamente privado y es en ese ámbito que debe resolverse.

Esa posición fue explicada por el vocero presidencial, quien también es economista, que adjudicó el problema al retorno del crédito a la Argentina; consecuentemente ha surgido la mora, que llevó a la suba de tasas de interés en un círculo vicioso. De todas maneras, supone que el crecimiento de la morosidad se ha detenido porque hay acuerdos entre acreedores y deudores. Este drama que golpea a las familias se ha convertido en una oportunidad para que se entienda al gobierno liberal, que sí cree en las soluciones de mercado, soluciones de privados, a las que aporta un plan de estabilización para bajar la inflación, facilitando los acuerdos de refinanciación.

Otro es el camino que está transitando el gobierno provincial frente al mismo problema. Hace poco más de un mes lanzó un plan para refinanciar deudas de empleados públicos, en acuerdo con el agente financiero de la provincia, que es el Banco Macro. No se conoce el resultado operativo de esta iniciativa pero sí tuvo un fuerte impacto que se manifestó en el número de consultas en la entidad bancaria. Luego se sumaron propuestas complementarias para aplicar un esquema similar al sector de trabajadores privados, elevando el monto de deuda a refinanciar, con menor tasa y mayor plazo de pago. Ese es un debate pendiente.

También hay iniciativas en el Congreso pero no figuran en la agenda parlamentaria que ha definido la Mesa Política del Ejecutivo Nacional. Obligado a negociar, quizás sea una cuestión que los gobernadores pongan en el diálogo que se va intensificando en este tiempo preelectoral

Salta, 12 de agosto de 2026

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