Narcotráfico y política
Las próximas elecciones no deberían obligarnos solamente a preguntarnos quién puede ganar. Deberían llevarnos a una pregunta bastante más incómoda: ¿quiénes son realmente los que quieren llegar al poder y quiénes están detrás de ellos?
Porque mientras nosotros discutimos candidaturas, alianzas, internas y lugares en las listas, el crimen organizado también hace política.
Y no necesariamente presentando candidatos con prontuario y cara de villano de serie.
Ojalá fuera tan sencillo.
El narcotráfico moderno entendió hace tiempo algo elemental: resulta mucho más barato tener influencia sobre el Estado que enfrentarse permanentemente con él.
IDEA Internacional viene advirtiendo que el crimen organizado se transformó en una amenaza estructural para las democracias latinoamericanas y que su poder económico y coercitivo ya incide directamente sobre la política y las instituciones. Incluso estima que más de 100 millones de personas en América Latina viven bajo distintos esquemas de gobernanza criminal.
Por eso, cuando comienza a acercarse un proceso electoral, hay una pregunta que deberíamos incorporar casi con la misma naturalidad con la que preguntamos cuánto mide un candidato en las encuestas:
¿Quién paga la campaña?
Porque las campañas cuestan.
Cuestan publicidad, redes sociales, equipos, movilidad, locales, fiscales, actos, cartelería, consultores y estructura territorial.
Y cuando aparece mucho dinero, siempre debería aparecer también una pregunta.
No para sospechar de todos.
Pero sí para controlar a todos.
La experiencia latinoamericana debería servirnos de advertencia.
Colombia tuvo uno de los casos más emblemáticos con el llamado Proceso 8.000. La propia Comisión de la Verdad colombiana reconstruye cómo la Justicia investigó la presencia de dinero proveniente del narcotráfico en las elecciones presidenciales y legislativas de 1994. Varios congresistas terminaron condenados.
México ofrece otra cara todavía más brutal del problema. Allí la preocupación no pasa únicamente por el financiamiento: investigaciones sobre violencia política han analizado cómo organizaciones criminales buscan influir en la selección de candidatos, controlar gobiernos locales o eliminar a quienes interfieren con sus intereses.
En Ecuador, el propio Consejo Nacional Electoral elaboró un informe sobre mecanismos de utilización de recursos ilícitos en campañas: dinero destinado a publicidad, favores políticos, compra de votos e incluso espectáculos financiados para generar aceptación electoral.
Distintos países. Distintas modalidades. Una misma enseñanza.
El narcotráfico no siempre pretende reemplazar a la política. Muchas veces intenta financiarla, rodearla, condicionarla o penetrarla.
Y ahí aparece otra cuestión de la que hablamos bastante menos.
Entre el narcotraficante y el candidato puede haber muchos metros de distancia.
Y muchas personas en el medio.
Porque el crimen organizado también necesita respetabilidad.
Necesita transformar dinero ilegal en dinero aparentemente legal. Necesita empresas, contratos, sociedades, operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y explicaciones contables.
Y para eso puede buscar profesionales.
Abogados.
Contadores.
Asesores financieros.
Empresarios.
Intermediarios.
La advertencia no significa, naturalmente, criminalizar profesiones enteras. Todo lo contrario: la inmensa mayoría ejerce legítimamente. El problema son aquellos profesionales que deliberadamente ponen sus conocimientos al servicio de estructuras criminales.
La ONU reconoce precisamente la vulnerabilidad de profesiones como abogados, escribanos, asesores tributarios y contadores frente a su utilización por organizaciones criminales. La OCDE también ha estudiado el papel de los llamados professional enablers: profesionales que pueden facilitar estructuras jurídicas y operaciones financieras utilizadas para ocultar delitos y dinero ilícito.
Y entonces aparece una modalidad mucho más sofisticada.
Quizás el narcotraficante nunca conozca al candidato.
No hace falta.
Puede existir un empresario amigo del contador, un abogado que representa determinados intereses, alguien que acerca aportantes, otro que organiza reuniones y finalmente alguien que consigue sentarse al lado de quien mañana tendrá poder.
Una cadena suficientemente larga como para que nadie parezca conocer demasiado al anterior.
Hasta que el favor llega.
Porque el dinero ilegal puesto en política rara vez es una donación desinteresada.
IDEA Internacional señala justamente que el financiamiento ilícito de campañas puede servir al crimen organizado para lavar dinero y comprar influencia política, buscando luego debilitar controles, obtener impunidad o favorecer sus actividades.
Nadie invierte millones para conseguir una foto.
Busca algo a cambio.
Información.
Protección.
Contratos.
Nombramientos.
Acceso.
Territorio.
O simplemente un teléfono que mañana sea atendido.
Por eso quizás llegó el momento de cambiar también nuestra manera de observar a los candidatos.
No alcanza con saber de qué partido vienen.
Hay que saber con quiénes vienen.
Quiénes integran sus equipos.
Quiénes aparecen repentinamente financiando actividades.
Quién presta vehículos.
Quién paga estructuras que aparentemente nadie podría pagar.
Quién acerca empresarios.
Quién maneja los números.
Quién asesora jurídicamente.
Y, sobre todo, si el nivel de una campaña guarda alguna relación razonable con los recursos que oficialmente declara.
No se trata de instalar una cacería de brujas ni de convertir cualquier vínculo en una acusación. Una democracia seria necesita exactamente lo contrario: controles institucionales, trazabilidad del dinero, transparencia y pruebas antes de señalar a alguien.
Pero tampoco podemos pecar de ingenuos.
Durante demasiado tiempo imaginamos al narcotráfico solamente como droga escondida en un camión, una avioneta clandestina o un cargamento cruzando una frontera.
El narcotráfico del siglo XXI puede usar traje.
Puede tener sociedades comerciales.
Puede contratar estudios profesionales.
Puede financiar eventos.
Puede construir relaciones sociales.
Y puede descubrir que una banca legislativa, una intendencia o un despacho público pueden resultar mucho más útiles que cien hombres armados.
Ahí está el verdadero peligro.
Porque cuando el narcotráfico vende droga tenemos un problema de seguridad.
Cuando lava dinero tenemos además un problema económico.
Pero cuando consigue financiar, condicionar o capturar una parte de la política, tenemos un problema democrático.
Y frente a las próximas elecciones quizá deberíamos mirar menos quién aparece primero en las encuestas y bastante más quién aparece detrás de cada candidato.
Porque en democracia es importante saber quién gana.
Pero puede ser todavía más importante saber con quién llega y a quién le deberá favores cuando gane.