Caso Natalia Cruz: diez policías imputados por incumplir la custodia y un informe presuntamente falso
Diez efectivos policiales fueron citados a audiencia de imputación por presuntas irregularidades vinculadas con las medidas de protección que debía recibir Natalia Marilín Cruz antes de su femicidio, ocurrido en febrero pasado en Campo Quijano.
La investigación está a cargo de una Unidad Fiscal integrada por la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios y la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que se detectaran posibles irregularidades en el accionar del personal de la Comisaría 7.
Según la Fiscalía, Natalia Cruz contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija por reiterados episodios de violencia de género atribuidos a su expareja. Sin embargo, esa custodia no habría sido implementada pese a que los efectivos conocían la medida.
La causa también investiga la confección de un informe policial presuntamente falso en el que se habría dejado asentado un supuesto intento de cumplir con la consigna.
Entre los imputados se encuentran el jefe de la dependencia y un jefe de Guardia, acusados por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Al jefe de la comisaría se le atribuye haber promovido la incorporación del informe presuntamente falso y no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la custodia. Al jefe de Guardia se le imputa haber ordenado la confección del documento y no implementar o controlar la medida judicial.
Otros dos efectivos fueron imputados por falsedad ideológica. Uno de ellos habría confeccionado y firmado el informe, mientras que al restante se le atribuye haber transmitido la orden e intervenido en su elaboración.
Además, otros cinco policías fueron imputados como coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber hecho efectiva la consigna o informado a la Justicia sobre la imposibilidad de cumplirla.
Las fiscales sostienen que la investigación también permitió detectar presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género en la dependencia, con fallas en protocolos, controles internos y ejecución de medidas de protección.