La causa que investiga la corrupción durante la gestión kirchnerista y que se inició cuando se conocieron los cuadernos del chofer Oscar Centeno, dio el puntapié.

Arancibia lamentó que se tome como una cuestión política, cuando en realidad es una cuestión de Estado.

Se pregunto qué hicieron todo este tiempo policías, investigadores, fiscales y jueces que recién comenzar a actuar frente a un delito cuando vino un “buchon”.

La indignación va en aumento cuando se piensa la cantidad de dinero que destina el Estado al pago de estos agentes que, según Arancibia, mientras cuidaban la hormiga se les escapó el elegante.

“Yo los echaría a todos”, aseguró el letrado.

“Es por el mal ejemplo que da ver los que están arriba, que mandan y no cumplen con su función. Se los ve millonarios, exitoso y triunfadores. ¿Eso que genera? El empresario no va a querer pagar sus impuestos puntualmente si el que está arriba malversa los fondos. Y así desde arriba, va derramando ese mal ejemplo hasta el ultimo miembro de la sociedad”, aseguró el abogado Fernando Teseyra.

Por esa razón calificó a la investigación como “saludable” en pos de conocer lo más cercano posible la verdad real.

Respecto a una figura central en la causa, como lo es el “arrepentido”, se preguntó hasta qué punto son confiables estas personas que están detenidas y que ante una promesa de recuperar su libertad pasan a declarar bajo esta modalidad.

“Eso es u problema que todavía no tiene respuesta de la jurisprudencia porque es una figura nueva”, sostuvo.

Por su parte, Escalante puntualizó en el “distanciamiento entre la Justicia y la Sociedad”.

Consideró que debe haber una mayor predisposición tanto desde la manera en que se atiende a la gente hasta en el cumplimiento de lo que vecinos le piden a los políticos.

“La sociedad no quiere participar porque está descreída de la Justicia”, manifestó.

La situación de los menores de edad, no estuvo ausente en el debate, sobre todo siendo uno de los participantes Defensor Oficial y publicar recientemente el libro “Factores que generan delincuencia en jóvenes en la provincia de Salta”.

Escalante aseguró que con su escrito no busca estigmatizar, sino centrar la atención en el “abandono psicológico de la persona, sobre todo del adolescente”.

El letrado instó a trabajar acompañando a los jóvenes desde una persona de confianza a quien puedan contarles sus problemas, hasta el trabajo preventivo multidisciplinario.

“Son chicos que quieren cambiar”, aseguró en base a su experiencia en la defensoría, y remarcó que “no podemos imponerle pero si darle herramientas para que puedan tomar la decisión correcta”.

Al respecto, Teseyra trajo a colación la baja en la edad de imputabilidad para menores, y criticó que muchos piensen que elevando la punibilidad se terminará con el delito.

Resaltó que las causas que llevan a un menor a delinquir, es la exclusión, y eso es algo que en la sociedad no se soluciona aumentando la pena.

“Aumentar penas a menores es como hacer callar un chancho a palos”, puntualizó Arancibia.

Pidió no excederse con tanta psicología, sino estudiar más antropología y sociología para abordar estos temas.

Por último, manifestó que tiene miedo que algún día la sociedad le pierda el respeto a la pena.