Opinión03/07/2026

Dato

La situación del sector nuclear en la Argentina está generando honda preocupación en diversos ámbitos. A la pérdida de personal altamente calificado -por despidos o renuncias- se suman anuncios de inversiones privadas en cuestiones estratégicas.

Efectivamente, esta semana se conoció que alrededor de un centenar de empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica fueron despedidos, lo que llevó a que los gremios vinculados a ese organismo se declaren en alerta, mientras se usó a personal de seguridad federal para controlar las manifestaciones en la sede central. Si bien fue un avance más del gobierno de Javier Milei sobre estructuras del Estado, puntualmente en este caso las reacciones fueron de advertencia sobre el riesgo que conlleva un manejo poco claro de un organismo de esa naturaleza.

Asimismo, se conoció una iniciativa para construir una nueva central nuclear en la Argentina que fue presentada para su evaluación ante el Ministerio de Economía. Prevé una inversión estimada en 1.200 millones de dólares que será financiada en su totalidad con capitales privados estadounidenses. Los detalles, que compartió en su cuenta de X el ministro Luis Caputo, dan cuenta que el proyecto es impulsado por Meitner Energy, para levantar una central en el sitio Atucha de Nucleoeléctrica Argentina mediante un reactor modular pequeño de diseño argentino.

Por el monto de la inversión y su carácter innovador, podría ser admitido en el denominado Súper RIGI, que todavía no fue creado sino girado como proyecto al Congreso por el área de modernización del Estado. De todas maneras y tras su tratamiento en la Cámara de Diputados, que ya le dio media sanción, se reconoce que otorga beneficios extraordinarios para megainversores, pero sobre requisitos que dan poco margen para la participación de empresarios argentinos.

Las novedades de esta semana motivaron a la oposición política a tratar que en el ámbito de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de Diputados y del Senado, se atienda a la problemática. Se advirtió sobre el riesgo de entregar la soberanía tecnológica  lograda después de 76 años de actividad en el sector nuclear. Una de las voces más potentes que se escuchó al respecto fue la de Adriana Serquis, diputada nacional por Río Negro, investigadora y ex presidenta de la CNEA.

En este punto coincidieron referentes de distintos sectores que observan que la administración libertaria avanza en la disminución de la capacidad que la Argentina tiene como país de hacer desarrollo tecnológico propio y soberano. Para alcanzar ese objetivo está desfinanciando los proyectos de investigación y promueve el alejamiento de profesionales de altísima calificación, que de inmediato son demandados en el exterior. En tanto, produce designaciones de personas sin trayectoria ni experiencia en la actividad nuclear en puestos de conducción de Nucleoeléctrica Argentina, o en las áreas de coordinación o de aplicaciones nucleares a la salud.

El tema no es ajeno a objetivos provinciales. Cabe recordar que desde mayo pasado se está trabajando en la confección de una agenda vinculada al potencial de uranio de Salta y su importancia estratégica para el desarrollo energético y tecnológico del país. Ya hubo reuniones entre autoridades del Ministerio de Producción y Minería con representantes de la Regional Noroeste de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, para revisar antecedentes históricos, capacidades técnicas y perspectivas de exploración vinculadas a recursos uraníferos en la provincia. La información oficial precisó que se destacó el valor histórico de distritos como Don Otto y Tonco-Amblayo, así como la importancia de recuperar capacidades técnicas y científicas asociadas al sector nuclear.

Frente a este cuadro de situación, todavía no se escucharon las voces de los parlamentarios salteños. No es un dato menor.

Salta, 03 de julio de 2026

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