Revalorización
El Informe de Avance sobre la elaboración del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027, que el Ejecutivo giró al Congreso, es un documento declarativo de los objetivos que se pretenden alcanzar con la distribución de los recursos que se recauden. El documento de 17 páginas no contiene precisiones sobre las proyecciones oficiales de inflación, crecimiento, tipo de cambio y otras variables macroeconómicas, que estarán expresadas en el proyecto de ley que deberá ingresar al Parlamento antes del 15 de septiembre.
Uno de los datos que más expectativas concentra sigue siendo objeto de cálculos por parte de economistas cercanos al gobierno. En esos ámbitos se ha proyectado una inflación anual del 18% sin descartar un alto costo social.
Lo cierto es que la administración libertaria ha ratificado que sostendrá metas orientadas a preservar el orden de las cuentas públicas, mantener el superávit fiscal y profundizar las reformas destinadas a reducir regulaciones, bajar impuestos y recuperar el acceso al financiamiento. A través del presupuesto en elaboración se continuará con la búsqueda de un crecimiento del Producto Interno Bruto sustentado en una mayor inversión, la recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.
También se promoverá la mejora de los salarios reales y del ingreso de los hogares, así como una reducción del desempleo. El avance girado al Congreso anticipa que las políticas macroeconómicas van a impactar en los indicadores sociales, con una disminución gradual de la pobreza y la indigencia y una mejora en la distribución del ingreso.
Las provincias deberán tomar nota que, en materia de obra pública, continuará vigente una política de fuerte selección y priorización de proyectos; esto es, tendrán financiamiento las obras ya iniciadas. El criterio que se aplicará para incluir nuevos emprendimientos, favorecerá las obras que generen empleo, impulsen exportaciones, mejoren la balanza energética, promuevan el desarrollo tecnológico o cuenten con financiamiento externo. Es la forma cómo avanza el nudo logístico que se construye en General Güemes y que es un tramo significativo del Corredor Bioceánico del área de Capricornio.
La concepción respecto de una línea de acción fundamental para los gobiernos, por su vinculación con el desarrollo, se ratifica en los montos de la demanda de inversión pública para 2027, que se limitará a un poco más de 1700 proyectos, cuando en el ejercicio fiscal vigente superaron los 2 mil y en 2025, sumaron casi 4 mil 500 proyectos. Se expone como un elemento virtuoso de administración, que tiene en el achicamiento del Estado un propósito irrenunciable.
Los límites financieros que serán comunicados a las distintas jurisdicciones y organismos serán determinados, según indica el Palacio de Hacienda, por el servicio de la deuda cuya sostenibilidad es un apreciado objetivo de gestión, junto al fortalecimiento del mercado de financiamiento y el mantenimiento del equilibrio fiscal.
Dentro de este cuadro general, el vínculo fiscal con las provincias no tendrá mayores cambios. Es que el avance girado al Congreso, que lleva la firma del jefe de Gabinete Diego Santilli, ratifica que el gobierno de Javier Milei continuará promoviendo el saneamiento fiscal de las provincias y la reducción de la litigiosidad entre la Nación y las jurisdicciones subnacionales. En principio, es reducción en los giros de recursos federales y transferencia de mayores obligaciones en la concurrencia del Estado.
El anticipo cae en un momento en que muchas provincias enfrentan conflictos con sus trabajadores y deben reforzar su acompañamiento a los gobiernos municipales. Son tiempos de negociación que revalorizan el rol de los gobernadores y de los legisladores en el sistema político.
Salta, 02 de julio de 2026