El ‘Uluncha’ contraataca: denunció penalmente al diputado Segura
La disputa entre el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos "Uluncha" Saravia, y el diputado provincial Daniel Alejandro Segura escaló al plano judicial.
Luego de que el legislador por General Güemes cuestionara duramente a Saravia en Cara a Cara, donde lo acusó de no representar a los usuarios y de otorgar concesiones a la empresa distribuidora EDESA, el titular del ENRESP presentó una denuncia ante la Procuración General de la Provincia.
En su presentación, Saravia pidió que se investigue la eventual comisión de los delitos de omisión maliciosa de declaración jurada de bienes, negociaciones incompatibles con el cargo, tráfico de influencias y coacción agravada contra un funcionario público.
Según el titular del Ente, las críticas públicas de Segura formarían parte de presuntas presiones ilegales destinadas a condicionar sus decisiones como funcionario. También sostuvo que esas acciones podrían estar vinculadas a la exposición de las actividades comerciales de la firma Miguel Segura S.A.
De acuerdo con la denuncia, el diputado tendría una participación del 25% en esa empresa, que habría mantenido contrataciones públicas con el Estado provincial para la provisión de bolsones, víveres y módulos alimentarios.
Saravia afirmó que, pese a que Segura negó que su familia hubiera obtenido dinero del Estado, la firma habría firmado contratos por $674.558.810 en los últimos cuatro años.
El titular del ENRESP también presentó ante el Procurador General las declaraciones juradas que el legislador habría entregado en la Escribanía de Gobierno en 2020 y 2024. Según la denuncia, esos documentos permitirían advertir presuntas omisiones sobre su participación societaria, el porcentaje accionario y la condición de contratista estatal de la empresa.
Saravia invocó la Ley de Declaraciones Juradas N° 3382 y la Ley de Contrataciones provincial N° 8072, que buscan evitar que funcionarios mantengan intereses incompatibles con la Administración Pública o puedan influir en procesos de contratación estatal.
Además, puso a disposición de la Procuración su propia declaración jurada de bienes para que sea analizada.