Cambios en la Justicia penal: redefinen el rol de abogados y fiscales
La Procuración General de la Provincia aprobó una nueva reglamentación destinada a reorganizar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y adaptar su estructura al sistema acusatorio adversarial establecido por el nuevo Código Procesal Penal de Salta.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 1722, firmada por el procurador general Pedro García Castiella, y establece criterios para la delegación de funciones, la intervención en audiencias y la utilización de recursos de investigación y litigación dentro de las fiscalías.
Según se detalla en la normativa, el nuevo esquema busca fortalecer el trabajo en equipo y la especialización de funciones, permitiendo una mejor distribución de tareas entre fiscales, auxiliares y profesionales que integran el Ministerio Público Fiscal.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que los abogados recategorizados al escalafón de “Profesionales y Técnicos” pasarán a cumplir funciones como recursos de investigación y litigación. Además, en casos excepcionales, otros abogados del organismo podrán asumir esas tareas previa autorización de la Procuración General.
La resolución señala que el sistema acusatorio exige una organización más dinámica y coordinada, ya que la dirección de las investigaciones y la participación en audiencias requieren la intervención conjunta de distintos operadores judiciales.
En ese marco, se dispuso que la actuación directa de los fiscales quede reservada para los casos de mayor complejidad, gravedad o impacto institucional, mientras que determinadas funciones podrán ser delegadas bajo supervisión y responsabilidad del titular de cada equipo fiscal.
También se estableció la implementación de mecanismos de registro y control que permitan identificar la intervención de cada operador en los sistemas de gestión y en las audiencias, con el objetivo de garantizar transparencia, trazabilidad y seguimiento de las actuaciones.
Desde la Procuración destacaron que la iniciativa apunta a optimizar el uso de los recursos humanos disponibles, mejorar la eficiencia de las fiscalías y fortalecer la respuesta del Ministerio Público Fiscal frente al creciente volumen de causas penales que ingresan al sistema judicial provincial.