Avanza la regulación de vapeadores: buscan controlar su uso y frenar el consumo en jóvenes
El Gobierno nacional aprobó un nuevo marco regulatorio para los productos de tabaco y nicotina en Argentina, mediante la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud publicada en el Boletín Oficial.
La medida establece requisitos para el registro, la comercialización y la fiscalización de productos como cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, en el marco de una política sanitaria orientada a reducir los riesgos asociados al consumo.
En ese sentido, la normativa crea el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), que funcionará como una base de datos única para garantizar la trazabilidad de los productos, controlar su composición y asegurar estándares mínimos de calidad y seguridad.
El nuevo esquema también deroga la resolución anterior que prohibía los productos de tabaco calentado, y establece un cambio de enfoque: en lugar de la prohibición general, se avanza hacia una regulación integral con monitoreo permanente.
Según se detalla en los considerandos, la decisión responde al aumento del consumo de estos productos, especialmente entre jóvenes. Datos oficiales señalan que los cigarrillos electrónicos y vapeadores ya ocupan el tercer lugar entre las sustancias más consumidas por estudiantes secundarios, con una tasa del 35,5%.
La resolución establece que todos los dispositivos y productos relacionados con el consumo de nicotina deberán cumplir con la Ley 26.687, que regula la publicidad, promoción y consumo de tabaco en el país. Además, se prohíbe cualquier forma de promoción dirigida a menores de edad y se refuerzan las restricciones sobre publicidad engañosa.
También se prevé la exigencia de registro para importadores y fabricantes, quienes deberán presentar certificaciones de calidad, información técnica y documentación que garantice la trazabilidad de los productos.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que la medida busca fortalecer las herramientas del Estado para controlar un mercado en expansión, desalentar el comercio ilegal y prevenir riesgos sanitarios asociados al consumo de estos dispositivos.
La normativa entró en vigencia tras su publicación y habilita a las autoridades sanitarias a dictar disposiciones complementarias para su implementación.