Fiore respaldó el fallo judicial por amenazas escolares y pidió “marcar límites”
En medio de la preocupación por la ola de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia, en Día de Miércoles, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, se refirió al caso de un adolescente de 17 años que envió mensajes intimidatorios a un establecimiento de nivel medio y respaldó las medidas dispuestas por la Justicia.
El caso es investigado por el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías 3 de Salta, Hugo Alejandro Fernández Esteban, quien ordenó una serie de medidas socioeducativas para el joven, en el marco de los episodios que generaron alarma en la comunidad educativa.
Fiore consideró que la sanción aplicada “debería reiterarse como ejemplo”, al sostener que los adolescentes entre 16 y 18 años son punibles y, por lo tanto, responsables de sus actos. “Lo que necesitamos es hacernos responsables y saber que nuestros actos tienen consecuencias”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la importancia de establecer límites claros: “En una provincia, en una escuela, tiene que haber consecuencias. No es lo mismo el que se esfuerza y cumple que el que no lo hace”.
La ministra también hizo referencia al contexto nacional, al advertir que la situación “no es un tema menor”, especialmente tras hechos recientes en otras provincias como Santa Fe, que incrementaron la preocupación por este tipo de amenazas.
Sobre las medidas impuestas al adolescente, destacó tres aspectos principales. En primer lugar, la obligación de pedir disculpas públicas, lo que consideró clave para asumir el daño generado: “No es gracioso ni heroico, pudo haber provocado temor en familias y compañeros”.
En segundo lugar, señaló la imposición de una contribución económica mensual por parte de la familia al establecimiento educativo, lo que introduce un componente de responsabilidad familiar.
Así, valoró la intervención psicológica obligatoria para el joven, así como la instancia en la que deberá relatar su experiencia. Según explicó, esto permitirá que otros estudiantes comprendan las consecuencias reales de este tipo de acciones, desde la intervención policial hasta el proceso judicial.
Por otra parte, cuestionó el rol del Gobierno nacional en materia educativa y señaló un “retiro constante” de responsabilidades presupuestarias. “Ya no hay Ministerio de Educación, ahora es una Secretaría. Se eliminó el incentivo docente sin previo aviso y nos enteramos por los medios”, afirmó.
La funcionaria también apuntó a la paralización de obras públicas educativas, al indicar que Salta tenía más de 36 proyectos detenidos. No obstante, aseguró que la Provincia logró avanzar en más de la mitad de ellos con recursos propios.