Baja de imputabilidad: Advierten que el Estado debe intervenir de forma integral tras el “fracaso” de los reformatorios
En Día de Miércoles, el exjuez federal Dr. Miguel Medina se refirió al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que el Senado debatirá este viernes y que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En ese marco, consideró que se trata de “una discusión muy antigua” en la Argentina y remarcó que, desde la década del 40 en adelante, se han dictado numerosas leyes, decretos y resoluciones en materia de menores sin lograr una solución efectiva al problema de la delincuencia juvenil e infantil.
“El proyecto no es solamente la baja de la edad de imputabilidad”, aclaró. Si bien reconoció que el aspecto técnico puede ser “correcto”, subrayó que la iniciativa contempla una serie de instancias previas al encierro, estableciendo la privación de la libertad como último recurso. Según explicó, antes se prevén tratamientos, nuevas figuras y sanciones alternativas que obligan al Estado a intervenir de manera integral.
Medina señaló que uno de los puntos que más irrita a la sociedad es la percepción de impunidad cuando un menor es restituido a su familia. “Aunque el juez haya obrado correctamente y explicado las condiciones, afuera nadie lo cree”, expresó.
En ese sentido, fue crítico con el modelo histórico de reformatorios —luego llamados institutos— y afirmó que “fracasaron rotundamente”. Para graficar esa realidad, mencionó la novela Las tumbas, del escritor argentino Enrique Medina, una obra de carácter casi autobiográfico que retrata con crudeza la vida en esos establecimientos. “Eso no puede volver a pasar. Todo eso está mal”, sostuvo.
El exmagistrado insistió en la necesidad de crear institutos especializados y reconoció que el Estado deberá “darse vuelta” y encontrar los recursos para hacerlo. “Algo tenemos que hacer, evidentemente”, enfatizó.
Así, planteó que la dirigencia política debe asumir un discurso más claro frente a la ciudadanía: “La seguridad en todas sus variantes es muy cara. Cuesta muchísimo dinero tener una sociedad más segura que la que tenemos”. En esa línea, rechazó la dicotomía entre “escuela o cárcel” al considerarla una opción falsa, y recordó que ambas son obligaciones indelegables de los gobiernos provinciales y nacionales. Además, advirtió que en los últimos 20 años ha sido “muy poco” lo que se invirtió en infraestructura carcelaria en la Argentina.
Como ejemplo internacional, Medina citó el caso ocurrido en Inglaterra a comienzos de los años 90, cuando dos niños —de 10 y 8 años— secuestraron y asesinaron a un pequeño de tres años en un hecho que conmocionó al mundo. Recordó que el crimen generó un repudio global y tuvo una respuesta inmediata del sistema británico, donde la edad de responsabilidad penal ya era de 10 años. Ambos menores fueron detenidos y permanecieron bajo custodia del sistema juvenil, sin posibilidad de ser restituidos a sus familias.
Según explicó, los chicos atravesaron un proceso de reeducación y readaptación que se extendió por al menos una década. Al recuperar la libertad, ya adultos, lo hicieron bajo estrictas condiciones: cambio de identidad, mudanza obligatoria de sus familias y nuevas documentaciones para protegerlos. Sin embargo, Medina remarcó que uno de ellos volvió a delinquir años después, esta vez vinculado a delitos en redes con material de explotación sexual. “Siempre va a haber un margen de error, por más tratamiento que se haga”, concluyó, al advertir que ninguna reforma garantiza resultados absolutos.