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De acuerdo a la Constitución de la Provincia, las Cámaras abren sus sesiones ordinarias el 1° de marzo de cada año y las cierran el 31 de diciembre. El texto del artículo 111 establece que lo hacen por sí mismas y ello está ratificado por el 137, cuando incluye la apertura entre sus atribuciones, con una Asamblea Legislativa que, según el 139, debe funcionar con la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. 

La apertura del período ordinario de sesiones no es la única razón de esta Asamblea, sino también la de recibir el informe del Gobernador, tal como lo indica el Artículo 144 de la Constitución, que lo incluye como uno de sus deberes. De esa manera adquiere una alta significación cívica, convocando a los miembros de los tres poderes del Estado. 

De allí que se trata de preservar que su realización se lleve adelante con el cuidado suficiente como para que el mensaje anual del mandatario se transmita sin alteraciones. La Asamblea es el escenario para exponer las cuestiones que motivan y justifican las decisiones del Ejecutivo, permite tomar nota de lo realizado y lo que se propone para un nuevo año de gestión. 

El panorama no es el mejor. En principio, está anunciado para el 2 de marzo un paro docente al que el principal gremio del sector adhirió cuando están en marcha las paritarias provinciales. Se presenta como una medida de protesta contra la política nacional en materia laboral pero -si no hay cambios entre este martes y el miércoles- sirve para fortalecer el rechazo a la propuesta de incremento salarial ofrecido por el gobierno al sector público, de un 8% escalonado hasta julio.

Este hecho revela las dificultades por la que atraviesa la administración del Estado provincial, como resultado de políticas nacionales. Pese a ello, Gustavo Sáenz no abandonó su decisión de acompañar la gestión del presidente Javier Milei, que mantiene desde diciembre de 2023. Precisamente, el apoyo de los legisladores nacionales que lo representan a la ley de modernización laboral tensó la relación del saencismo con distintos sectores políticos, económicos y sociales. Al igual que el voto positivo dado a la ley de bases y al presupuesto 2026, fueron objeto de cuestionamientos en la Provincia, donde se reconoce que -si los hay- el beneficio de la política libertaria no han llegado a Salta. 

En todos esos casos se marcaron los puntos más ríspidos de las iniciativas del Ejecutivo nacional pero se apoyaron los proyectos por las expectativas que genera una gestión que está transitando la mitad de su mandato, con logros macroeconómicos pero con una microeconomía que significa para Salta el mantenimiento de la informalidad para buena parte  de sus actividades. El propio gobernador indicó que el 50% de los salteños trabajan en negro pero reconoció que hay que seguir dando herramientas para llevar adelante un plan económico y de gobierno.

Desde el sector privado se han encendido las alarmas. La industria del Norte Grande advirtió sobre los efectos negativos de las políticas nacionales en el entramado productivo regional, que se expresa en la caída de puestos de trabajo y cierre de empresas. El menor consumo y el estrés financiero mantienen en alerta al sector en la provincia, aunque todavía no hay una amenaza de cierres que sí se están verificando en el ámbito de comercio y servicios.

En tanto, la actividad legislativa está preparándose para resolver cuestiones electorales, luego que el jueves el Senado le aporte al gobernador Sáenz la Corte de Justicia amigable que han tenido algunos de sus antecesores. Para todas esas preocupaciones se espera una respuesta en el mensaje del primer día de marzo.