Lo insultó por redes y deberá pagar ocho millones de pesos a un juez
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que ordenó a un abogado condenado por extorsión indemnizar por daños y perjuicios a un juez penal al que había agraviado en redes sociales, al rechazar un recurso por incumplir requisitos formales.
El máximo tribunal desestimó la presentación de la defensa del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, condenado por extorsión, y mantuvo así la sentencia que lo obliga a pagar una indemnización de ocho millones de pesos más intereses al juez Luis María Bunge Campos, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La demanda civil se originó por una serie de mensajes publicados en la cuenta “a@askabogados”, atribuida al demandado, en los que se calificaba al magistrado como “juez corrupto” y “haragán con prontuario”, entre otras expresiones.
Bunge Campos inició la acción por daños y perjuicios, que fue rechazada en primera instancia, pero luego la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó esa decisión y fijó la indemnización.
La defensa apeló, pero la Corte rechazó el recurso por no cumplir los lineamientos de la acordada 4/2007.
Caso de extorsión
En agosto de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires ya había condenado a Sánchez Kalbermatten a tres años y tres meses de prisión e inhabilitado para ejercer la profesión por el doble del tiempo de la pena, tras hallarlo culpable de intentar chantajear al empresario Sebastián Eskenazi en diciembre de 2017.
A fines de 2025, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena, aunque redujo la pena a tres años de prisión en suspenso.
La causa penal se inició a fines de 2017, cuando Pablo Brugo se reunió con Eskenazi en nombre de Juan Manuel Ducler y de Sánchez Kalbermatten, y le planteó que poseían información comprometedora vinculada a operaciones empresarias, cuya difusión podía evitarse a cambio de dinero.
La denuncia derivó en una investigación judicial con cámaras ocultas y una entrega controlada de un millón de dólares.
Con información de Noticias Argentinas