Saravia cuestionó el proceso de selección para cubrir vacantes en la Corte de Justicia
Luego de que el Gobierno de la Provincia oficializara el inicio del proceso para cubrir dos vacantes en la Corte de Justicia de Salta, en Cara a Cara, el ex fiscal de Corte, Dr. Alejandro Saravia, lanzó duras críticas al mecanismo de selección y al perfil de los candidatos propuestos.
Las vacantes se generaron tras el cumplimiento del mandato de los jueces Ernesto Roberto Samsón y Guillermo Alberto Catalano. A través del Decreto Nº 9, el gobernador Gustavo Sáenz instruyó al Ministerio de Gobierno y Justicia a poner en marcha el procedimiento previsto en la Ley Nº 8311 para la postulación del Dr. Martín Ignacio Plaza. Por otro lado, mediante el Decreto Nº 10, se inició el mismo mecanismo para la candidatura del Dr. Jorge Martín Diez Villa.
El ex fiscal cuestionó especialmente la trayectoria de los candidatos y aseguró que no representan referentes académicos ni profesionales del derecho provincial. “A uno lo conozco, al otro no lo conozco ni de vista. Tengo 50 años de profesión, ya lo podría haber conocido. No es un referente académico ni profesional. Entonces, ¿por qué llegan a la Corte?”, se preguntó.
En ese marco, también se refirió a la discusión sobre una eventual interpretación constitucional que habilite una nueva reelección del gobernador, posibilidad que descartó de plano. “Es imposible. Hay dos artículos fundamentales: el 140 de la Constitución provincial y el artículo 7 del Código Civil. La reforma constitucional se produjo en diciembre de 2021, en el primer mandato de Sáenz. No hay forma de interpretar otra cosa. Hay que aplicar la letra de la ley, punto”, sostuvo.
Saravia fue particularmente crítico con el rol del Dr. Martín Plaza, a quien vinculó con posturas que avalaron la llamada “mayoría automática” en la Corte Suprema durante el menemismo. “Es discípulo de uno de los integrantes de esa Corte. Vino a Salta y, sin ningún motivo que lo justificara, dijo que era viable la reelección del gobernador interpretando que el primer mandato no debía computarse. Es una locura”, expresó.
Finalmente, advirtió que este tipo de interpretaciones jurídicas “no son más que alquimia” y confió en que la comunidad jurídica de Salta reaccionará frente a lo que consideró un “disparate” y aclaró que "mientras no existan los organismo de control, todos los funcionarios públicos se presumen culpables mientras no demuestren ellos lo contrario".