Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, informó que el organismo presentó una denuncia penal contra la intendenta de San Carlos, María del Carmen Vargas, tras comprobar que el municipio no presentó su rendición de cuentas y que se habrían detectado movimientos irregulares de dinero.
En Día de Miércoles, Ferraris explicó que San Carlos es el único municipio salteño en falta, pese a los reiterados requerimientos formales, y advirtió que el caso podría derivar también en responsabilidades políticas.
“Se detectaron transferencias de dinero desde la cuenta del municipio hacia la cuenta particular del intendente. Es una situación grave y sospechosa que requiere una explicación inmediata. Frente a la falta de respuesta, tenemos la obligación institucional de denunciar”, afirmó el titular de la Auditoría.
Ferraris recordó que todos los municipios de la provincia están obligados a rendir cuentas de manera digital a través de la nueva plataforma implementada por el organismo, que permite acortar plazos y mejorar los controles.
“Hoy el sistema es online, rápido y eficaz. No hay excusas. San Carlos fue intimado en varias oportunidades y no cumplió. Nuestra función es garantizarle al contribuyente que su dinero se usa correctamente”, subrayó.
El funcionario explicó que la obligación de rendir cuentas está prevista por la Constitución Provincial, y su incumplimiento puede derivar en denuncias penales y juicios políticos.
“La obligación no es caprichosa ni burocrática. Surge de la Constitución y protege el manejo transparente de los recursos públicos”, remarcó.
La denuncia fue elevada al Ministerio Público Fiscal, que deberá investigar los movimientos observados y determinar si existió delito. Ferraris destacó que la Auditoría “cumple su deber institucional sin excepciones”, y reafirmó el compromiso del organismo con la transparencia y el control del gasto público.
“La sociedad exige transparencia, y nuestro deber es responder con hechos. La rendición de cuentas es la base de la confianza en las instituciones”, concluyó Ferraris.
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