Incendio en la Alcaidía de Salta: Tres internos en terapia intensiva y cuatro penitenciarios lesionados
El director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Torres, explicó en diálogo con Aries los detalles del incendio registrado anoche en la Alcaidía General de la Provincia, donde varios internos resultaron heridos y debieron ser hospitalizados.
“En principio, cerca de las 22 horas, se produjo un incendio provocado por la quema de colchones en una celda del pabellón de planta baja. Tuvimos que trasladar a los internos a distintos hospitales por cuadros de intoxicación y quemaduras”, relató el funcionario.
Torres aclaró que no se trató de un motín, sino de dos incidentes consecutivos originados en diferentes celdas: primero una pelea entre reclusos y luego la quema de colchones y toallones. “Fue un día de ánimos caldeados”, admitió.
Sin embargo, el hecho dejó al descubierto la crítica situación estructural del penal. El titular del Servicio Penitenciario reconoció que la Alcaidía alberga un 70% más de internos de los que su infraestructura permite. “Tenemos capacidad para 350 alojamientos y estamos superando ampliamente ese número. La convivencia entre internos es un motivo de mucho cuidado”, señaló.
Durante el operativo, 18 internos fueron trasladados a distintos hospitales: 13 al San Bernardo, dos al Papa Francisco y tres al Hospital del Milagro. “Tres se encuentran en terapia intensiva, tres fueron dados de alta y otros cuatro permanecen internados para estudios. Además, cuatro efectivos penitenciarios sufrieron lesiones durante el procedimiento”, precisó Torres.
Torres reconoció además carencias materiales en el establecimiento. “No tenemos colchones ignífugos para toda la población penal; sólo en algunos sectores. Y si bien no está permitido el acceso a encendedores, algunos internos logran vulnerar los controles”, detalló.
El episodio encendió nuevamente las alarmas sobre el hacinamiento y la falta de condiciones adecuadas en el sistema penitenciario salteño, que ya había sido observado en informes judiciales y por organismos de derechos humanos.