Escándalo en ANSES: investigan a una veintena de funcionarios por presunta asociación ilícita y coimas

Una denuncia penal ingresó en las últimas horas a la fiscalía de Guillermo Marijuan y promete generar un fuerte cimbronazo dentro de la ANSES. En el escrito, se solicita investigar a una veintena de funcionarios de alto rango por presuntas maniobras de corrupción, direccionamiento de contratos y conformación de una red interna con fines de enriquecimiento personal.

Los señalados en la presentación son Fernando Omar Bearzi (director ejecutivo), Paula Amor (secretaria general), Gastón Palacios (chofer y allegado de Amor), Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti, entre otros.

Corrupción en ANSES: qué dice la denuncia

Según la denuncia, las maniobras habrían sido impulsadas desde la Secretaría General, bajo la conducción directa de Paula Amor, con la colaboración de áreas clave como Programación y Control de Gestión Operativa, Trámites Complejos y Control Interno. El escrito sugiere la existencia de un circuito paralelo de decisiones destinado a beneficiar a empresas vinculadas a los funcionarios denunciados.

Los hechos, de comprobarse, podrían encuadrarse en los delitos de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (248), cohecho y corrupción (256 y 258), además de otras figuras penales que pudieran corresponder según avance la investigación.

Una de las empresas mencionadas es América Virtual S.A., proveedora de servicios tecnológicos. De acuerdo con la denuncia, bajo la gestión actual sus facturaciones “se multiplicaron groseramente” en comparación con los períodos previos, alcanzando montos considerados “exorbitantes” por los denunciantes. En paralelo, se advierte que la contratación por servicios adicionales habría trepado a unos 9 millones de dólares.

Otro punto sensible es el acuerdo con SAP, que incluye licencias, consultoría e implementación, por un total de 19 millones de dólares, con un adelanto inicial de casi un millón. A ello se suma la contratación del sistema Mainframe de IBM, cuyo costo estimado asciende a 44,6 millones de dólares, con un primer pago de 7,7 millones y cuotas posteriores. En este caso, la proveedora sería la firma GyL, que alquilaría los servidores al Estado.

Los denunciantes sostienen que estas operaciones presentan sobreprecios injustificables y que las decisiones administrativas fueron direccionadas para favorecer a determinadas empresas. Además, remarcan la supuesta intención de Paula Amor de avanzar sobre la Dirección de Sentencias Judiciales, el área que administra los pagos millonarios de retroactivos a jubilados, junto con su chofer y colaborador Gastón Palacios y el funcionario Santiago Adrián Campo.

El expediente ya fue derivado por la fiscalía de Marijuan a sorteo para definir qué juzgado intervendrá. Fuentes judiciales no descartan que, de confirmarse los indicios, el caso derive en un proceso de alto impacto político y administrativo dentro del organismo previsional.

Si se acreditan las maniobras descriptas, la causa podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más significativos del actual ciclo de gestión en la ANSES.

Con información de Ámbito