El Gobierno promulgó la Ley Nicolás para reforzar la seguridad y calidad de la atención médica

El Gobierno promulgó la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás, una normativa que busca fortalecer la calidad y la seguridad en la atención médica en todo el país, tras su aprobación en el Senado el pasado 18 de septiembre. La iniciativa fue impulsada por Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que falleció en 2017 a causa de una meningitis bacteriana no diagnosticada a tiempo.

La ley, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tiene como objetivo garantizar el derecho a una asistencia sanitaria segura, centrada en las personas y en las comunidades, mediante la creación de un marco institucional que promueva la protocolización de los procesos de atención, la incorporación de tecnología, la reducción de daños evitables y la mejora de las condiciones laborales del personal de salud.

El texto también introduce el concepto de “cultura justa”, que plantea un abordaje no punitivo ante los errores médicos, para fomentar el aprendizaje institucional y la prevención de futuros incidentes.

Entre sus principales disposiciones, la norma crea el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que funcionará dentro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Todas las instituciones de salud deberán reportar los eventos adversos o incidentes de seguridad, cuya información será tratada con confidencialidad. Este registro publicará anualmente los resultados de sus investigaciones con el fin de mejorar las prácticas médicas y prevenir nuevos casos.

La ley también refuerza los controles sobre el ejercicio profesional: las sanciones o inhabilitaciones de médicos deberán comunicarse a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS), a la que podrán acceder todas las jurisdicciones. Si un profesional es suspendido en una provincia, la medida regirá en todo el país. Además, la norma exige evaluaciones periódicas de aptitud profesional, incluyendo instancias de simulación para especialidades técnicas, y promueve la capacitación continua del personal sanitario.

En paralelo, las instituciones de salud estarán obligadas a contar con protocolos de actuación, auditorías internas y mecanismos de quejas accesibles para los pacientes, sin que estos sufran represalias. También deberán garantizar condiciones de trabajo adecuadas, evitando la sobrecarga física o mental de los equipos médicos.

Otro de los objetivos de la ley es avanzar hacia la digitalización total de las historias clínicas: en un plazo máximo de cuatro años, todas las jurisdicciones deberán disponer de plataformas interoperables que permitan compartir información sanitaria de manera segura.

Durante el debate en el Congreso, la senadora Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) subrayó que la norma “busca registrar los errores médicos sin convertirlos en denuncias penales, con el fin de entender por qué ocurren y poder corregirlos”.

La Ley Nicolás entrará en vigencia 180 días después de su publicación, y el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro del mismo plazo. Los fondos necesarios para su implementación serán incluidos en el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación.

Inspirada en una tragedia personal que derivó en un movimiento colectivo, la norma apunta a transformar la cultura sanitaria argentina, poniendo el foco en la prevención, la transparencia y el aprendizaje institucional para evitar que se repitan casos como el de Nicolás Deanna.

Con información de Ámbito