La Justicia reactivó el pedido de desafuero contra el diputado Emiliano Estrada
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, rechazó este martes una nueva impugnación de la defensa del diputado nacional Emiliano Estrada. Con esta resolución, quedó firme el trámite de desafuero solicitado por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, el pasado 6 de junio.
El proceso se originó cuando Estrada se negó a asistir a la audiencia de formalización de investigación convocada por el fiscal general Carlos Amad, quien lo acusa de peculado de servicio y abuso de autoridad. La ausencia del legislador, reconocida como una estrategia defensiva, motivó al Ministerio Público Fiscal a pedir el desafuero en aplicación de la Ley Nacional de Fueros.
El caso tuvo idas y vueltas judiciales desde noviembre pasado, cuando comenzó en la justicia provincial a raíz de una denuncia por intimidación pública que involucraba a asesores del diputado. Con el correr de los meses, el expediente pasó al fuero federal y se centró en los delitos de administración indebida de recursos y abuso de autoridad.
Durante la última audiencia, la defensa de Estrada volvió a cuestionar la competencia del tribunal, la imparcialidad de los jueces y la fundamentación de la imputación. Sin embargo, el fiscal Amad desestimó esos planteos, aclarando que la inmunidad parlamentaria protege únicamente las expresiones en el recinto legislativo y no posibles conductas ilícitas fuera de él.
Tras una deliberación de más de dos horas, el tribunal reafirmó la competencia de la Justicia Federal de Salta y avaló el avance del proceso. Los abogados del diputado adelantaron que presentarán una nueva impugnación, aunque por ahora la vía judicial vuelve a poner en primer plano la posibilidad de que el Congreso deba resolver el pedido de desafuero.
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