“Si cobraran el sueldo meses después, ¿votarían en contra?”: reclamo a legisladores por la Emergencia en Discapacidad

Bajo el lema “No al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad”, prestadores de servicio, profesionales y familias de personas con discapacidad de Salta se sumaron a la marcha nacional en reclamo el veto del gobierno de Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en el sector.

“Sentimos que se han vulnerado los derechos de las personas con discapacidad, de sus familias y también nuestros derechos. Venimos bastante vapuleados, hace muchos años que estamos en esta lucha por los aumentos en el nomenclador nacional, por el que los pagos sean en tiempo y forma”, expresó la psicopedagoga de SENSA, Gisela Felice, en diálogo con ‘Estilo desafío’, por Aries.

La especialista señaló que los prestadores de servicios para personas con discapacidad cobran entre 90 a 150 días después, sin embargo destacó la vocación de los profesionales que, pese a no cobrar, deciden continuar con las terapias.

“El que trabaja con discapacidad sabe lo difícil que es conseguir los pequeños grandes logros, en algunos casos, a veces las terapias no se cortan, por más que uno esté sin cobrar, que no tenga plata en el bolsillo, porque nosotros sí tenemos empatía y sabemos cómo le perjudica al otro”, expresó.

Y puntualizó en que “si los papás hoy tuvieran que pagar de su bolsillo la diferencia de lo que cuesta hoy una sesión, que es lo que están pagando las obras sociales, más de uno podría tener que elegir entre las cuatro o cinco terapias que su hijo realmente necesita, porque no las podrían pagar a todas”.

Felice pidió “empatía a los diputados nacionales que tienen que volver a votar la ley, para que piensen si cobrando su sueldo cinco meses después, seguirían votando en contra”.

“Yo no trabajo en política, hago mi trabajo como corresponde, y quisiera cobrarlo como corresponde. Todos los pormenores que hay, que si se han dado pensiones de discapacidad por cuestiones políticas, siguen siendo cuestiones políticas de las cuales los prestadores de discapacidad no tenemos absolutamente nada que ver, pero sí nosotros tenemos que pagar el precio de cosas que ellos dicen que se han hecho mal”, manifestó.