Política05/08/2025

La bicameral de Inteligencia investigará los reportes de seguimiento de la SIDE a dirigentes opositores

Se reunirá el martes para analizar las tareas realizadas sobre las actividades de dirigentes políticos de la oposición y organizaciones sociales y sindicales.

La reunión ya estaba acordada desde la semana pasada, pero tras la publicación de los documentos elaborados por el organismo de inteligencia, el presidente de la comisión bicameral, el senador Martín Lousteau (UCR-Capital), en consulta con otros miembros del órgano de control legislativo, decidió incluir el tema en el orden del día del encuentro.

Si bien la convocatoria no lo menciona, fuentes legislativas indicaron que el secretario de Inteligencia y jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, podría concurrir a la reunión a brindar explicaciones sobre varios puntos del temario.

Es que, además del informe interno de la SIDE conocido este fin de semana, los miembros de la Comisión Bicameral consideran que el funcionario todavía tiene que responder varios interrogantes sobre otros temas que lo tienen como protagonista.

Uno de ellos es la polémica generada en torno al polémico contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), cuya redacción podría dar lugar a que la SIDE pueda hacer seguimiento de dirigentes políticos y economistas ante la eventualidad de que sus análisis y declaraciones puedan afectar el mercado financiero y la marcha del plan económico del Gobierno.

La SIDE comenzó a elaborar reportes sobre las actividades y movilizaciones que protagonizan líderes políticos, sociales y sindicales de todos los partidos y espacios, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza o sus dirigentes ni sobre funcionarios nacionales.

Se reveló el domingo un informe, titulado “Hechos previstos 09JUL25”, fechado un día antes, el martes 8 de julio, en el que se detalla cuáles eran las actividades políticas de peronistas, radicales, dirigentes de la izquierda y de La Cámpora, como Máximo Kirchner, entre otros, para el feriado del Día de la Independencia. Ese día venció el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los cuatro organismos que conforman la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, el reporte también detalló diversas actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros.

Precisó cuáles serían los horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada una, sin que el informe consignara si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional. Tampoco exponía una orden judicial que justificara esa vigilancia.

El informe reflejó, sí, una orientación operativa. Es decir, buscó anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales. Eso podría configurar una violación de la legislación vigente.

En su artículo 4, la ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe obtener información o producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o grupos “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

La revelación generó una catarata de críticas al Gobierno. Uno de los mencionados en el informe, el diputado nacional Facundo Manes, llevó el tema a la Justicia y presentó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py. Pidió que se investigue.

Manes presentó su denuncia como un “hecho nuevo” dentro de una causa que tiene abierta contra Santiago Caputo, jefe político de Neiffert, por el delito de “amenazas coactivas”, por la forma en que el asesor presidencial lo increpó en el Congreso Nacional, en un pasillo, el pasado 1 de marzo durante la sesión de la Asamblea Legislativa que dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

La Nación

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