Vetos
En medio de tanta discusión política, en vez de dar mi opinión o compartir las publicadas por otros, esta vez quiero tomarme estos minutos para explicarles lo más sintéticamente posible de que se tratan las leyes que hoy vetó el presidente Milei.
Se trata de 3 leyes, sancionadas por el Senado de la Nación, el pasado 10 de julio y que llevan los números 27.791, 27.792 y 27.793 y preveían disposiciones acerca de la movilidad jubilatoria, el bono complementario, la moratoria previsional y la emergencia en el área de discapacidad.
“Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”, dijo en presidente de la nación para justificar su decisión política.
Frente a esto, las preguntas obligadas son, de que se tratan, cuál es el impacto real que tienen sobre el gasto público las leyes sancionadas por el Congreso Nacional y, de donde salen los recursos para hacer frente a lo dispuesto?
La primera de las leyes mencionadas, que trata respecto de la movilidad jubilatoria y el bono complementario, prevé un incremento del 7,2% en los haberes, y un aumento de 40 mil pesos en el bono de 70 mil pesos que cobran los que perciben los haberes más bajos, importe congelado desde el mes de marzo del año 2024.
Ni el aumento del 7,2% que los jubilados debieron haber cobrado en el mes de abril de año pasado, ni el bono complementario a los de la mínima, son retroactivos, por lo que, a pesar del aumento, los jubilados y pensionados no recuperarán nunca lo perdido en los últimos 16 meses, muchos de ellos con alta inflación.
Para el futuro, la ley prevé el mismo modo de actualización que estableció por decreto el Poder Ejecutivo Nacional, esto es, a través de la inflación.
El costo fiscal de esta ley, de acuerdo, tanto a estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, como de consultoras privadas y hasta el Fondo Monetario Internacional, oscila entre el 0,73 y el 0,79% del Producto Bruto Interno.
La segunda de las leyes, la de moratoria previsional, en el contexto de un país, como el nuestro, con más de un 40% de trabajo informal, prevé habilitar por el plazo de dos años a que las personas, que no alcanzaron los 30 años de aportes, puedan cubrir los años que falten para poder acceder a la jubilación mínima.
En este caso, el impacto fiscal, siempre teniendo en cuenta, tanto las estimaciones de la oficina del presupuesto, como de consultoras privadas, promedia entre el 0,17 y el 0,20% del PIB.
La tercera de las leyes, la emergencia en materia de discapacidad, representa a su vez, un gasto estimado, entre el 0,22 y 0,40% del Producto Bruto Interno.
El mayor gasto prevé su financiamiento en la readecuación del refuerzo presupuestario de 32 mil millones de pesos asignado a la SIDE, Secretaria de Inteligencia del Estado, la reducción de cargos, sobrecargos y comisiones por servicios de Deuda Pública y la derogación de exenciones de IVA y del impuesto a las ganancias a directivos de empresas, entre otras fuentes.
El presidente elige financiar la Side para espiar a opositores y periodistas, las comisiones por deuda pública y mantener las exenciones de impuestos a los directivos de empresas, en vez del aumento a las jubilaciones, pensiones y programas de discapacidad.
Es tan brutal el esquema de prioridades que tiene el gobierno que me exime de comentarios.