El gobierno aceptó la renuncia del juez Bailaque, acusado de vínculos con el narcotráfico

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez Marcelo Martín Bailaque, quien estaba al frente del Juzgado Federal N°4 de Rosario y afrontaba graves acusaciones por corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico. De esta manera, el magistrado se va a poder jubilar con un buen ingreso. La medida fue formalizada mediante un decreto que indica que la dimisión tendrá efecto a partir del 1° de julio de 2025.

La salida de Bailaque se produce mientras estaba en curso un proceso de remoción en el Consejo de la Magistratura, donde debía responder por supuestos lazos con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, el armado de causas extorsivas y el manejo irregular de fondos en una cooperativa portuaria.

Tras conocerse la aceptación de su renuncia, la diputada provincial Lionella Cattalini —impulsora de la denuncia penal— cuestionó la decisión y afirmó: “Hoy se retira tranquilo, con jubilación de privilegio, gracias a la complicidad de quienes prometieron terminar con la casta”.

Bailaque había presentado su dimisión el 10 de junio ante el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para ser elevada al presidente Milei. La aceptación implica que se anule el trámite de destitución, aunque el exjuez pierde sus fueros y podría enfrentar prisión domiciliaria en caso de avanzar las causas penales en su contra.

El magistrado negó las acusaciones en un escrito ante la Comisión de Acusación, donde sostuvo que nunca actuó para “favorecer ni encubrir” a organizaciones criminales.

No obstante, la aceptación de su renuncia desató críticas en el arco político y judicial, al considerarse una maniobra para eludir una posible condena y quedar habilitado a percibir la jubilación.

El caso Alvarado, el punto de partida contra el juez Bailaque

La causa de Bailaque llegó al Consejo de la Magistratura con el impulso de fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, luego de la condena del narcotraficante Esteban Alvarado en 2022 por los cargos de homicidio y asociación ilícita. A raíz de ello cuestionaron al juez rosarino por no habilitar medidas cruciales en un trámite contra el mismo acusado casi diez años antes, en un legajo que estaba cargado de prueba decisiva en su contra.

Bailaque dijo en su descargo que la Fiscalía no destacó la cantidad de intervenciones telefónicas que sí fueron otorgadas. “La inmensa mayoría que fueron concedidas, que la fuerza de seguridad que investigaba y que la Fiscalía que dirigía la investigación consideraban importantes, no dieron los frutos esperados por los investigadores”, señaló el juez.

Las tres causas que complicaron al juez Bailaque

El primero de los cargos contra Bailaque lo vincula con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. Pese a tener como contador a Gabriel Mizzau —quien también manejaba las cuentas de Alvarado—, y a que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado, Bailaque no se excusó de intervenir en causas que involucraban al narco. Por el contrario, obstaculizó medidas de prueba como escuchas telefónicas y demoró procesos claves.

El segundo cargo se refiere a una causa presuntamente armada para extorsionar al empresario Claudio Iglesias. El financista Fernando Whpei —amigo del juez— y Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP Rosario (quien declaró como arrepentido), habrían participado en una maniobra para pedirle una coima de 200.000 dólares a cambio de frenar una investigación judicial.

El tercer cargo está vinculado con el manejo irregular de fondos públicos de una cooperativa de estibadores, intervenida por la Justicia. Parte de esos fondos fueron desviados a la mutual Grupo Unión, controlada por Whpei. Pese a sus vínculos, Bailaque tampoco se apartó de esa causa y benefició a su entorno.

Con información de C5N