La ampliación del ex Gasoducto Néstor Kirchner viene con ajuste de precios por inflación de EE.UU.

La licitación ampliar la capacidad de transporte del ex Gasoducto Néstor Kirchner, ahora rebautizado Perito Moreno, quedó en medio de una polémica legal debido a la decisión del gobierno de Javier Milei de introducir un mecanismo de ajuste tarifario basado en un índice de inflación de Estados Unidos que va en contra de leyes vigentes.

Las obras contemplan la “ejecución y financiamiento de la ampliación del gasoducto por 14 millones de metros cúbicos diarios (MM3D) y el derecho a llevar adelante una ampliación adicional de hasta 6 MM3D más la operación y mantenimiento de ambas infraestructuras”.
 
Se trata de la primera obra energética que la gestión libertaria busca poner en marcha sobre la base de una iniciativa privada promovida por TGS, la transportadora de gas controlada por Pampa Energía, GPI (Grupo Sielecki) y PCT (Grupo Safra).

El proyecto prevé una inversión privada del orden de los u$s 500 millones que será repagada por las personas usuarias con un recargo tarifario.

Por haber sido la compañía gasífera que diseñó y armó el proyecto, TGS tendrá una ventaja doble en la pelea licitatoria. Por un lado, podrá quedarse con las obras en caso de que salga segunda y la diferencia con la mejor oferta no sea mayor al 10%. Y, en segundo lugar, contará con la chance de ir a un repechaje con la oferta mejor calificada en caso de que exista una diferencia entre un 10% y 15% entre ambas.

Gasoducto, inflación y polémica

El proceso licitatorio a cargo de la estatal Enarsa quedó en la mira tras una denuncia administrativa reciente por "irregularidad e ilegitimidad” que presentó el y ex interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello.

La cuestión de fondo gira en torno a la intención oficial de incluir una cláusula de revisión y redeterminación de la tarifa de transporte de gas basada en el índice PPI (Producer Price Index) de Estados Unidos.

La presentación de Martello, actual Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires, destacó que “esta medida implicaría una eventual inconstitucionalidad y una violación del principio de legalidad derivada de la utilización de índices extranjeros como mecanismo de ajuste en contratos celebrados bajo el régimen de derecho público”.

Planteo ante el área de energía

Según la denuncia elevada a la secretaria de Energía, María Tettamanti, "la incorporación del índice PPI en dólares como mecanismo de ajuste contractual en el pliego de bases y condiciones, constituye una cláusula incompatible con la legislación vigente porque se trata de un índice extranjero sin habilitación legal expresa y porque la indexación en moneda extranjera se encuentra prohibida por normas de orden público económico”.

Para el ex titular del ENRE, el mecanismo de ajuste basado en el PPI “carecería de una justificación técnico-económica suficiente que permita compatibilizarlo con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad; especialmente en relación con los usuarios residenciales, quienes podrían ser alcanzados por traslados de costos derivados del mismo ante fluctuaciones inesperadas de un índice extranjero que no posee un correlato directo con los costos nacionales de la industria del gas”.

Tras advertir que “la utilización de un índice extranjero podría ser calificada en sede judicial como un acto nulo de nulidad absoluta e insanable por contrariar normas prohibitivas de orden público”, Martello fundamentó su presentación en lo establecido en la ley 25.561.

El artículo octavo de esta norma establece que “en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar u otras divisas extranjeras, como así también las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países”.

TGS, la gran candidata

Mientras siguen de cerca la postura que adoptarán las autoridades de Energía sobre el índice de ajuste, varias constructoras locales y empresas de ingeniería ya se están alistando para la presentación de ofertas que quedó agendada para el 7 de julio.

Si bien, a priori, la compañía que más chances tendría de quedarse con las obras es TGS, no se descarta que aparezcan en escena el grupo Techint y las empresas BTU, Contreras Hermanos SA, Esuco, Vertúa y Panedile.

El contrato en disputa comprende los trabajos de ampliación del gasoducto que une las localidades de Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) y la instalación de cinco plantas compresoras que permitirán elevar la capacidad de transporte actual de 21 MM3D a 35 MM3D en un plazo inferior a dos años.

Además de obligar a TGS a renunciar al cobro de los honorarios y gastos reembolsables que establece el marco normativo de las iniciativas privadas en caso de que pierda la licitación, la administración mileísta también procedió a flexibilizar los requisitos económicos y técnicos para poder atraer una mayor cantidad de oferentes.

Entre otros cambios, bajó a u$s 40 millones el patrimonio neto y a u$s 80 millones el total de activos exigidos a las empresas que presenten ofertas.

En lo que hace a la operación y mantenimiento, redujo la experiencia requerida al manejo de gasoductos de 200 kilómetros de extensión y a la instalación de plantas compresoras de escalas medianas en los últimos 20 años. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta, quedó establecido en solo u$s 5 millones.

Las obras y la operación de gasoducto quedarán durante un período de 15 años para la empresa o consorcio que pida cobrar la menor tarifa de transporte con la cual tendrá que recuperar sus inversiones, mantener la infraestructura y conseguir un “retorno razonable”.

Si se cumplen los cálculos incluidos en la iniciativa privada que hizo suyos el Gobierno, la ampliación del gasoducto “permitirá sustituir significativamente las importaciones de GNL y combustibles líquidos destinadas a las generadoras eléctricas durante los 100 días invernales de alta demanda y aportarán un beneficio en la balanza comercial de más de u$s 700 millones anuales junto con un ahorro fiscal del orden de los u$s 567 millones”.

Con información de Letra P