Investigarán los manejos del Gobierno en el Garrahan: el fiscal imputó a Lugones
La causa se inició por una denuncia de Elisa Carrió y Marcela Campagnoli, que acusaron al ministro de haber pedido renuncias ilegalmente, con el propósito de “amedrentar” y evitar más reclamos.
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, y dispuso una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que la Coalición Cívica denunció al funcionario por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” por la gestión del Hospital Garrahan.
La exdiputada nacional Elisa Carrió y la legisladora Marcela Campagnoli firmaron la denuncia contra Lugones.
El juez federal Sebastián Casanello delegó la denuncia en el fiscal, que decidió imputar a Lugones.
Carrió y Campagnoli dijeron que Mario Iván Lugones había pedido, con anuencia de sus superiores, la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del hospital, “de manera arbitraria y contraria a la normativa”.
Ello ocurrió en octubre de año 2024, debido a que el Consejo Directivo del Hospital Garrahan había autorizado la entrega de un bono al personal, usando su facultad discrecional para hacerlo, “de manera inconsulta con la máxima autoridad de la cartera de salud”.
La denuncia señala que el bono entregado obedecería a una suma que habitualmente se entrega a los profesionales de la salud y que proviene de un fondo que el consejo administra y sobre el cual puede decidir, sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud, tal como históricamente se ha efectuado.
Carrió señalo que “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión [de Lugones], claramente arbitraria y contraria a la normativa que le permite discrecionalmente asignar esos fondos inconsultamente al Consejo, es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes nosocomios ya que se ha recortado el presupuesto de salud”.
Carrió dijo que Lugones asumió atribuciones que no le son propias y que, por ende, actuó con “arbitrariedad e ilegalidad”.
Sostiene la denuncia que el pedido de renuncia tiene como fin “amedrentar a toda autoridad administrativa” para que “se someta al criterio del Ministerio de Salud de la Nación, aun cuando se actúe en contra de las normas legalmente vigentes”.
La Nación.
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