Un fallo de la Corte de EE.UU. deja en riesgo de deportación a más de 500.000 migrantes

En un fallo que representó un triunfo legal para los planes migratorios del presidente Donald Trump, la Corte Suprema autorizó este viernes al gobierno republicano revocar el estatus legal temporal otorgado a 532.000 inmigrantes por la administración de Joe Biden, al desmantelar el programa de parole humanitario que beneficiaba a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

La decisión del máximo tribunal -que concedió una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem- ahora deja expuestos a la deportación a los beneficiarios del programa, lanzado para ayudarlos a huir de crisis humanitarias, políticas y económicas en sus países de origen.

La aprobación del fallo fue por mayoría, y enfrento el rechazo de los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor. “El Tribunal ha errado claramente en esta evaluación de hoy”, escribió Jackson. “Subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales están pendientes”.

Jackson advirtió que se producirá un caos social y económico si tantos extranjeros son remitidos repentinamente a sus países de origen, al señalar que muchos fueron invitados por el gobierno estadounidense a llegar al país debido a las condiciones inseguras en el extranjero.

Días antes, la misma Corte ya había habilitado al gobierno de Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350.000 venezolanos.

Ambos mecanismos —el parole y el TPS— ofrecen protección temporal para personas que huyen de la guerra, la represión o crisis humanitarias, aunque tienen alcances y procedimientos distintos: mientras el TPS se otorga a grandes grupos por períodos definidos, el parole se aprueba caso por caso, pero con criterios flexibles. Muchos beneficiarios tienen ambos estatus simultáneamente.

La administración Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte luego de que un juez federal en Massachusetts frenara la revocación general del parole con el argumento de que Noem no tenía autoridad legal para cancelar el beneficio de manera masiva sin evaluaciones individuales. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito había confirmado esa decisión el 5 de mayo, señalando que la funcionaria no había demostrado que su actuación fuera legal.

Sin embargo, con su nuevo fallo, la Corte permitió que la Casa Blanca avance con el desmantelamiento de las protecciones migratorias mientras el litigio continúa.

Organizaciones defensores de los derechos de los inmigrantes advirtieron que la revocación del parole y el TPS tendrá efectos devastadores en comunidades de todo el país en las que se habían integrado.

Sin un programa de parole u otras protecciones establecidas, un migrante que no tiene otro permiso para ingresar a Estados Unidos a vivir puede ser deportado o detenido en espera de los procedimientos de expulsión, advierten los expertos. El caso forma parte de las varias batallas legales que se han librado sobre las políticas migratorias de Trump.

“No puedo dimensionar lo devastador que es esto”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora del Centro de Acción por la Justicia, que formó parte del equipo legal que representó a los migrantes. “La Corte ha permitido que la administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”, advirtió.

Viraje drástico

Los programas de parole fueron una de las principales herramientas del gobierno de Biden para canalizar de manera ordenada la llegada de migrantes en medio de un Congreso paralizado y un aumento de los cruces ilegales en la frontera sur con México, donde Trump puso el foco desde su vuelta a La Casa Blanca, el 20 de enero pasado.

Lanzado en abril de 2022 para los ucranianos que huían de la invasión rusa, luego se extendieron a venezolanos, y finalmente a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Todos los solicitantes debían contar con un patrocinador privado en Estados Unidos dispuesto a respaldarlos económicamente.

El impacto fue notable después de su implementación. Las detenciones en la frontera de migrantes provenientes de esos países se redujeron drásticamente. El gobierno de Biden defendía los programas como una vía legal, segura y controlada para migrar, frente a los riesgos mayúsculos de los cruces ilegales. Sin embargo, los legisladores republicanos se opusieron firmemente a la medida, al argumentar que permitían el ingreso de personas que no calificarían bajo los criterios migratorios tradicionales.

Texas y otros estados gobernados por republicanos presentaron demandas, alegando que el programa les generaba sobrecargas en salud, educación y seguridad pública.

Los tribunales inicialmente validaron la legalidad del parole, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca revirtió la situación. El presidente eliminó los programas el mismo día que asumió su segundo mandato. Hasta ahora, su gobierno no ha revocado el estatus de los 240.000 ucranianos que fueron beneficiarios del programa, aunque sí suspendió el procesamiento de nuevas solicitudes.

Una historia con antecedentes y un futuro incierto

El parole humanitario tiene una larga historia en Estados Unidos. Fue usado para recibir a unos 200.000 cubanos en los años 60 y a más de 350.000 asiáticos del sudeste tras la caída de Saigón en la guerra de Vietnam. Su uso reciente, sin embargo, se convirtió en el blanco de un feroz debate político.

Los abogados de los inmigrantes afectados denunciaron que la decisión de Noem fue “contraria a la ley, arbitraria y caprichosa”, y alertaron que permitir su aplicación causaría “un inmenso sufrimiento humano innecesario”.

“Todos ellos siguieron la ley y las reglas del gobierno de Estados Unidos, y están aquí para reunirse con sus familias o escapar, aunque sea temporalmente, de la inestabilidad, los peligros y las privaciones de sus países de origen”, afirmaron en su escrito.

Mientras tanto, el gobierno de Trump sostiene que necesita restaurar políticas migratorias “cuidadosamente calibradas” para desalentar el ingreso ilegal y que sus medidas fueron ampliamente respaldadas en las elecciones de noviembre. Según el procurador general D. John Sauer, impedir la revocación del parole implicaría “trastocar innecesariamente políticas clave” y debilitar el control fronterizo.

La Nación