Poder
El proceso electoral en desarrollo para la renovación legislativa provincial y nacional deja en evidencia que hay un serio problema a resolver, para que la representatividad que emerja de los comicios sea legítima. Los resultados de las elecciones no son la única manifestación de la voluntad popular.
La elección en CABA ha vuelto a mostrar escasa participación ciudadana; apenas un poco más de la mitad del padrón cumplió con el deber de concurrir a emitir su voto. Es un dato muy importante porque la actitud abstencionista está actuando como la fiebre que indica la presencia de una infección. Si bien no afecta el objetivo de la convocatoria, está señalando que algo no está funcionando bien en el cuerpo social; la ciudadanía de hecho ha convertido el voto obligatorio en una cuestión opcional.
Otra cuestión común -entre los seis actos electorales ya realizados- que han puesto en evidencia los comicios porteños, es que los partidos políticos definitivamente tienen escasa relevancia frente a los referentes de espacios participantes, al punto que pareciera que instituciones centenarias o aquellas que en las última cuatro décadas han ejercido gobiernos, no participan; partidos como el Justicialista o la Unión Cívica Radical no figuraron este domingo en la boleta única electrónica de la Ciudad de Buenos Aires aún cuando era sabido que dirigentes de esa extracción encabezaban listas en competencia.
Es así que hoy se mide la performance de líderes como Cristina Fernández, Mauricio Macri o Javier Milei en relación a la última elección de distrito cuando ninguno de ellos fue candidato. Similar situación se registró en Salta el 11 de mayo, al extremo que convirtió la elección de legisladores provinciales y concejales en una puja entre el gobernador Gustavo Sáenz y el mandatario libertario.
Nada de eso ocurre en la realidad. El Gobernador de la Provincia se adjudicó haber logrado 20 de las 30 bancas de Diputados y 11 de las 12 en juego en el Senado. La evolución de la política desde el retorno de la democracia está mostrando que los cargos electivos pertenecen a personas sin compromisos partidarios; esto es, sin adhesión a una doctrina o un pensamiento político que le genere obligaciones frente a los que los eligieron precisamente por pertenecer a un partido. La “borocotización” -como se bautizó a la falta de lealtad a los votos obtenidos- se ha naturalizado al punto que los propios líderes encuentran razones para justificar la sinuosidad de una carrera política.
Los acuerdos electorales no se consolidan en alianzas políticas y ello permite los saltos que no tienen razones ideológicas sino que responden a la conveniencia personal. Los frentes que sostienen a los candidatos que ganan cargos electivos se disuelven inmediatamente ha transcurrido la elección y los partidos no se comprometen con la gestión del electo y se sienten en libertad de acción frente a la próxima convocatoria. Es así que los frentes que participaron de los comicios recientes ya se han disgregado y los partidos miembros se están acomodando para decidir su participación en las elecciones nacionales de octubre. Algunos han encarado elecciones internas que se realizarán en julio y agosto, como es el caso del Partido Renovador de Salta o el Partido Conservador Popular. En tanto, un importante sector del justicialismo está tratando de recuperar la estructura actualmente intervenida.
La actitud ciudadana, de un creciente desapego a cuestiones esenciales de la democracia, está advirtiendo a los dirigentes que el verdadero poder radica en el pueblo, que encumbra o descarta a quienes delega circunstancialmente su representatividad.
Salta, 19 de mayo de 2025
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