El Gobierno espera reducir 1.900 empleos más en Trenes Argentinos como parte de su plan de privatización
La empresa estatal realizó un recorte de $60.000 millones en lo que va de la gestión de Javier Milei y el objetivo oficial es concesionar los servicios que presta la compañía. El ajuste busca abrir la puerta a los capitales privados
El Gobierno anticipó que Trenes Argentinos Operaciones S.A. reducirá en los próximos meses unos 1.937 empleados como parte de su objetivo para sanear las cuentas de la compañía estatal y conseguir el interés de capitales privados para concesionar la operación del servicio ferroviario.
La empresa opera casi todas las líneas urbanas (Roca, San Martín, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur), las de larga distancia y regionales. En el último año, ya se implementó una serie de recortes que permitieron reducir gastos por más de $60.000 millones y ahora esperan acelerar ese proceso, según anticipó la Secretaría de Transporte de la Nación.
“Es importante destacar que se seguirá realizando el recorte necesario para sanear la empresa, por lo que se proyecta que en los próximos meses la dotación del personal no exceda los 20.000 empleados (vs 23.834 iniciales), un número histórico para la cantidad que ha tenido siempre”, señaló Transporte en un comunicado. En el último año y medio se redujeron 1.897 “entre puestos duplicados, empleados sin funciones que no cumplían con las tareas asignadas, o que directamente no se presentaban a trabajar”.
La reestructuración de Trenes Argentinos comenzó el año pasado, cuando se implementaron medidas de "ajuste y optimización operativa". Una de las principales medidas fue la reducción de la estructura jerárquica de la empresa, que permitió un ahorro de $13.257 millones anuales según datos proporcionados por Transporte. Se eliminaron 277 cargos jerárquicos, lo que representó una reducción del 32% de la estructura organizativa de la compañía.
El ajuste en la compañía también incluyó “la optimización de los recursos y la eliminación de gastos innecesarios". La compañía implementó una reducción de horas extras de 73%, lo que representó un ahorro adicional de $600 millones al año. Ese recorte fue acompañado por la revisión de contratos con proveedores y la eliminación de servicios no esenciales.
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