El Gobierno eliminó el FISU y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica
En una nueva muestra de su desprecio por las políticas públicas, el Gobierno de Javier Milei eliminó dos fondos fiduciarios clave: uno destinado a la ciencia y tecnología, y otro a la vivienda. Esta decisión, tomada a través del Decreto 446/2024, profundiza el ajuste en áreas críticas para el desarrollo del país y confirma que el Ejecutivo prioriza el recorte indiscriminado antes que el bienestar de la población. El anuncio fue hecho por el vocero presidencial devenido en candidato, Manuel Adorni, a través de un posteo en Twitter en el que se vanaglorió de que la administración libertaria ya cerró otros tantos fondos destinados a políticas sociales. "Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión", festejó.
Ciencia y vivienda, otra vez en la mira del ajuste
Los fondos afectados son el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONCyT) y el Fondo Fiduciario Público de Vivienda, ambos instrumentos clave para financiar investigación y acceso a la vivienda digna. Su eliminación no es casual: responde a la lógica destructiva de un Gobierno que ya ha recortado presupuestos educativos, desfinanciado universidades y paralizado programas sociales.
Mientras Milei habla de "liberar fuerzas productivas", su gestión ahoga sectores estratégicos. Sin inversión en ciencia, Argentina retrocede en soberanía tecnológica; sin políticas de vivienda, se agrava el déficit habitacional que ya afecta a millones.
Un patrón de desinversión y abandono
Esta no es la primera vez que el Gobierno ataca fondos fiduciarios. Anteriormente, ya había vaciado otros destinados a salud, ambiente y desarrollo social. El argumento de "racionalizar el Estado" es solo un eufemismo para justificar el desmantelamiento de políticas públicas que, aunque imperfectas, eran un paliativo ante la crisis.
Lo grave es que estos recortes no surgen de un análisis técnico, sino de una ideología extremista que considera al Estado como un enemigo, incluso cuando se trata de garantizar derechos básicos.
Página12