El Tribunal intimó a CFK a que deposite U$S 537 millones en diez días hábiles

Al tipo de cambio del dólar oficial, ese valor representa unos 537 millones de dólares. El plazo para el pago de dicha cifra vence las dos primeras horas del 13 de agosto próximo.

"Intímese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente", sostiene la resolución.

Al analizar la cifra que corresponde al decomiso, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu indicaron que se corresponde con una “gravísima hecho de corrupción”.

La resolución sostiene: “De acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".

En este sentido, el Tribunal ordenó que se libre oficio electrónico al Banco de la Nación Argentina “para que proceda a la apertura de una cuenta judicial a cuenta y orden de esta sede, con motivo del trámite de este incidente la que se encontrará a disposición de las personas condenadas para materializar el pago en cuestión”.

Los números analizados

El TOF 2 también ponderó -además del informe de los peritos de la Corte-, el informe de los especialistas en representación del Ministerio Público Fiscal, que expusieron seis cálculos diferentes: el de mayor valor es el calculado con el CER - BCRA por $723.890.304.604,90. Después, utilizando para actualizar el índice de inflación del INDEC, llegaron al mismo valor que los peritos oficiales: $ 684.990.350.139,86.

En contraposición a esos valores, se estudió de igual manera los cálculos realizados por el perito que asumió en representación de Cristina Kirchner, José Lucas Gaincerain.

El decomiso, según el perito de parte, es inferior al valor de base.

Cuando Gorini solicitó que se actualice el valor del dinero que deberán devolver de forma solidaria los nueve condenados, fijó como punto de partida $ 84.835.227.378,04. Dicha cifra corresponde al perjuicio ocasionado que se estableció cuando se dictó, en diciembre de 2022, la sentencia condenatoria.

Para el perito Gaincerain, Cristina Kirchner y los demás condenados, debían responder por un decomiso que asciende a $42.494.357.845,17.

Con la cifra oficializada, el juez que ejecuta la pena está en condiciones de proseguir con el recupero del dinero que representó la maniobra de corrupción que le significó a la ex presidenta su primera condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Considerando que están dadas las condiciones, el Tribunal intimó este martes a los nueve condenados del caso Vialidad a que en el plazo de diez días hábiles depositen de forma voluntaria los 537 millones de dólares. Éste plazo vence en dos primeras horas del 13 de agosto.

Si no se cumple el plazo que determinó la Justicia, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como el decomiso del caso Vialidad. Para tal instancia se adoptaron otras medidas.

Embargos actualizados

El Tribunal, junto con la intimación del pago, adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes. En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.

En lo que respecta a los embargos ordenados sobre bienes muebles, considerando que las sumas garantizadas mediante dichas medidas superan en todos los casos el valor de los bienes cautelados, “una nueva inscripción registral -por el monto de la suma dineraria sujeta a decomiso- resulta innecesaria”, resolvió el magistrado.

La novia de Lázaro

En esta misma línea los jueces Gorini y Giménez Uriburu se refirieron al pedido del fiscal Diego Luciani sobre Claudia Insaurralde, la novia de Lázaro Báez, que contaría con un poder concedido por el empresario desde la cárcel para administrar propiedades pese a que las mismas se encuentran cauteladas.

La maniobra podría responder, entiende el Ministerio Público Fiscal, a un desapoderamiento fraudulento de los bienes que serán alcanzados por el decomiso establecido en el caso Vialidad como también, en la Ruta del Dinero K.

Clarín