Funcionarios defendieron los cambios en las fuerzas federales
Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación defendieron este martes, en el Senado, los decretos por los cuales se modificaron las funciones de las fuerzas federales, y aseguraron que fueron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en la Ley de Bases.
Sin embargo, desde la oposición hicieron hincapié en que el Gobierno se "extralimitó" en dictar tales medidas y varios referentes de Unión por la Patria anticiparon que buscarán rechazar en los recintos de ambas cámaras el decreto delegado 383/25, por el cual se creó el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina.
El director de Transformación Institucional, Diego Fleitas Ortiz de Rozas, señaló que "se buscó fortalecer un proceso de modernización, profesionalización, actualización de los textos normativos y resolver cuestiones de personal, estructura y carrera", sin embargo admitió que la reforma de la PFA fue "un poquito más en profundidad", teniendo como eje "darle una nueva misión y darle potestades nuevas", orientadas hacia la investigación.
"Es un primer paso normativo. La Ley Orgánica no es un protocolo", explicó y apuntó que se buscó darle a la PFA "la misión de enfocarse en delitos federales y complejos", aunque "sigue teniendo residualmente otras misiones vinculadas a seguridad del Estado y orden público" dijo.
Sobre la PFA, Fleitas Ortiz de Rozas mencionó que "sólo el 19% del personal de la fuerza estaba en área de investigación, drogas o inteligencia; y nosotros consideramos que ese porcentaje tiene que ser más alto". Por eso, los nuevos agentes están yendo "casi 100% hacia áreas de investigaciones" y "se redujo a la mitad la cantidad de integrantes suboficiales". "Una nueva policía con una estructura más horizontal y un personal más profesionalizado", destacó.
El funcionario agregó que "en el caso de Prefectura y Gendarmería lo que se hizo principalmente fue modernizar su texto normativo, se eliminaron referencias a cualquier dependencia a las Fuerzas Armadas"; mientras que "en la PSA se hicieron cambios mayores", entre los que "se incluyó la posibilidad que tuviera un subjefe, que no estaba en la estructura" y que "los cadetes sean formalmente parte de la fuerza".
A su turno, el senador Oscar Parrilli (UP) consultó cuántos son todos los efectivos de las cuatro fuerzas; cuántos eran a diciembre de 2023 y cuánto se han incrementado desde esa fecha hasta ahora. Fleitas Ortiz de Rozas respondió que aproximadamente hay 31 mil en la PFA, 40 mil Gendarmería, 5.500 en la PSA y 25 mil de Prefectura Naval. "No hubo un incremento significativo de las fuerzas, incluso en la PFA se redujo un poco. El año pasado ingresaron 450 y antes ingresaban 900 por año", indicó el funcionario.
Luego, el diputado Juan Marino (UP) preguntó "por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos al Congreso" y qué "análisis jurídico" realizaron para interpretar que la Ley de Bases les permitía avanzar de esta manera. Sobre lo primero, el director de Transformación Institucional respondió que eso fue por "una decisión política que me excede" y, respecto a lo segundo, insistió en argumentar: "Las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración y, dentro de las potestades, la Ley de Bases le daba al Ejecutivo potestades para reformar la administración pública".
Más adelante, el legislador opositor indagó sobre la facultad que se le da a la PFA en "el acceso a bases de datos privadas sin orden de un juez". El representante del Ministerio de Seguridad señaló que "hay normas existentes vigentes referidas a la Ley de Protección de Datos Personales" y "el derecho de habeas data va a existir. El espíritu es que se hace dentro del marco de la ley". Aunque, reconoció, en este y otros puntos, que todavía hay facultades no reglamentadas por protocolo.
En cuanto al ciberpatrullaje, Marino cuestionó cómo se hará para impedir que "la prevención del delito en espacios digitales sin autorización judicial" sea una facultad que "se use para vigilar a opositores, periodistas y activistas". "La realización de tareas de prevención en espacios abiertos digitales en un estándar en todos los lugares del mundo", contestó Fleitas Ortiz de Rozas y afirmó que "esto fue adoptado por distintas administraciones de distintos colores políticos".
"Obviamente se tiene que hacer respetando los derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política, estamos completamente de acuerdo", dijo el funcionario, para indicar luego que se utiliza en la prevención de delitos como pedofilia, abuso sexual, trata de personas y que existen "decenas de fallos sobre la legalidad de estas actividades de prevención".
Parlamentario.