Desregulación de la exportación de fauna en Argentina alarmó a conservacionistas

Una disposición de la subsecretaría de Ambiente de la Nación desreguló la exportación de animales vivos en la Argentina y flexibilizó el tránsito interprovincial de especies. En este contexto, referentes de la conservación de fauna en el país alertan que esta medida representa un retroceso y que se abre una puerta al tráfico de animales. Además, citaron el caso de Uruguay, que cada año exporta lobos marinos a Asia.

La disposición 381/2025, publicada en el Boletín Oficial a principios de abril con la firma del subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, derogó diversas normativas que prohibían y limitaban tanto la exportación de animales vivos como el tránsito interprovincial de ejemplares, que se fueron sancionando en distintos años desde 1986 hasta 2022.

En concreto, eran tres las actividades prohibidas: la exportación de animales, el tráfico interprovincial de ejemplares vivos de todas las especies de fauna autóctona y la comercialización en jurisdicción federal tanto de animales como de productos y subproductos derivados de fauna silvestre sobre varias especies.

Fuentes consultadas por TN señalaron que hasta 1986, cuando comenzaron las restricciones a la comercialización de animales, la Argentina exportaba mayormente aves, monos y reptiles. Y resaltaron que esta medida hace retroceder al país varias décadas.

Comercialización de fauna autóctona

Para Alejandra Juárez, una de las responsables del refugio Proyecto Carayá de La Cumbre (Córdoba) y que es hogar de decenas de monos de esa especie y es el único en su tipo en el país, la desregulación de la resolución es una puerta de entrada a que se intensifique el tráfico ilegal de fauna.

“Será un encubrimiento de la utilización comercial de la fauna autóctona”, consideró en diálogo con TN. Y agregó: “El gobierno es claro en sus objetivos porque solo facilitará las cosas a comerciantes de animales vivos o a la exportación de trofeos, como pieles, ya que alegan que es necesario eliminar el ‘exceso de burocracia’ y equilibrar ‘diversos beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna silvestre aporta al hombre’. En ningún momento hace alusión al beneficio de la fauna, solo al beneficio económico”.

Juárez puso el foco en la posibilidad que se abre para exportar fauna silvestre y remarcó que hay varias provincias que habilitan la cacería de especies nativas, como pumas, guanacos y diversas aves, justamente en zonas donde hay criaderos que se usan para sostener la actividad de los cotos de caza. En estos días, Santa Cruz prohibió, tras la presión de diversos sectores ambientalistas de todo el país, la caza del puma en la provincia luego de habilitarla el año pasado.

Compradores asiáticos

Juárez insistió en que los supuestos beneficios para facilitar el tránsito de una provincia a otra con fines científicos o de repoblación, o por razones sanitarias o de rehabilitación, no son tales. Destacó, en cambio, que este tipo de movimientos, entre los que se incluye la reintroducción de ejemplares en sus hábitats luego de ser rehabilitados en refugios, ya existe y se da “con normas y requerimientos muy específicos. Las exigencias eran en casos muy excepcionales”.

“Cabe preguntar a qué equipo de científicos se consultaron estas medidas o si solo fueron consultados los comerciantes de animales y dueños de cotos de caza”, dijo la especialista, quien afirmó que esta resolución “nos lleva a retroceder, por lo menos, 50 años y justo ante un ambiente deteriorado con una disminución drástica de la fauna”.

La responsable de Proyecto Carayá indicó además que hay “desesperación” por ser parte de los proveedores de diversos compradores asiáticos que buscan desde ejemplares de animales autóctonos para zoológicos hasta huesos y colmillos de yaguareté, un animal emblema de Sudamérica que muy lentamente va recuperando su población en el Gran Chaco y que está en peligro crítico de extinción.