La Cámara Electoral advirtió que no recibió los fondos necesarios para organizar las elecciones
La justicia le pidió al Ministerio del Interior que informe con urgencia los montos, plazos y modalidades bajo los cuales se realizará el giro del dinero para garantizar el proceso.
En una Acordada firmada por Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, el organismo explicó que la falta de fondos le impide cumplir con funciones básicas de la organización electoral, como el cierre del padrón provisorio y también compromete el período de revisión de reclamos, que se extiende hasta el 13 de mayo.
“El hecho de que a la fecha no se haya dictado resolución alguna previendo la asignación de partidas implicó en la práctica lisa y llanamente la imposibilidad de contar con esos recursos”, advirtió la CNE.
En la actualidad, los fondos para las elecciones dependen de la vicejefatura de Gabinete del Interior, cuyo titular es Lisandro Catalán. Los jueces aseguraron que hicieron saber “la urgente necesidad de contar con las partidas presupuestarias destinadas a solventar servicios personales en las veinticuatro secretarías electorales”.
Pero, los sucesivos requerimientos “no han sido atendidos hasta la fecha, como así tampoco los cursados conjuntamente con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, orientados a que se autorice el uso de remanentes ya disponibles”, agregaron los camaristas.
Además que en esta oportunidad, se suma la implementación del nuevo sistema de boleta única de papel, “lo cual implica numerosas tareas adicionales en orden a su implementación logística y operativa, la capacitación de la ciudadanía, la designación y formación de las autoridades de mesa y demás sujetos del proceso electoral, el diseño y elaboración de nuevos documentos y materiales electorales, entre muchos otros”.
Los titulares de la CNE remarcaron también que la demora en la realización del proceso repercute en otros organismos que tienen responsabilidades directas, como el Comando General Electoral, el Servicio Electoral del Correo Oficial y la contratación de los distintos servicios para, por ejemplo, impresión de padrones y ejecución de las actividades de capacitación y difusión.
“Resulta imprescindible recordar aquí que los procesos electorales no son un servicio público que uno o varios organismos del estado proveen a los electores, sino que constituyen el ejercicio de la soberanía popular por parte de la ciudadanía en su expresión más pura, y que es ineludible resguardar”, subrayaron los jueces en la Acordada.
TN
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