El comercio formal pierde terreno frente a la venta ilegal

La informalidad está creciendo a pasos agigantados. Según datos de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), el comercio informal aumenta a un ritmo del 3% anual a nivel nacional. “El 60% de los comercios del país se encuentran en la informalidad”, dijo a Infobae Fabián Castillo, presidente de la entidad.

La expansión de la economía informal no es un fenómeno nuevo en el país, pero su velocidad y profundidad actuales son motivo de creciente preocupación entre empresarios, economistas y autoridades. La proliferación de puestos callejeros, la venta ilegal en redes sociales, la comercialización de productos falsificados y la contratación de trabajadores sin registrar son algunas de las manifestaciones de un sistema paralelo que, según los expertos, pone en jaque a quienes cumplen con las reglas.

“Antes de la pandemia teníamos mucho fraude mercario que venía del exterior: contrabando de Perú, Bolivia, China. Pero cuando llegó la pandemia, la logística internacional se volvió costosa y difícil, y los talleres empezaron a instalarse dentro del país”, explicó Castillo.

Esta relocalización de la producción informal tuvo efectos concretos: en ciudades como Neuquén y Tucumán, se consolidaron centros de distribución de mercadería ilegal, mientras que zonas como Once y Avellaneda fueron escenario de operativos en los que Fecoba afirma haber retirado a más de 7.000 manteros.

La preocupación también se traslada al mundo digital. “En los marketplaces y redes sociales hay una presencia masiva de comercios clandestinos. Prácticamente se vende de todo por fuera del sistema. Incluso se han producido robos y asesinatos ligados a operaciones pactadas por estas plataformas”, remarcó el dirigente.

En ese contexto, la falta de controles efectivos agrava la competencia desleal. “Cuando cae una inspección, lo hace en un comercio formal, no en el mantero de la calle. Así, el que está en regla termina quebrando, y eso es insostenible”, añadió.

Un problema estructural

La informalidad no es sólo una consecuencia de decisiones individuales o de falta de fiscalización. Responde también a causas estructurales, entre las cuales la presión tributaria ocupa un lugar central.

Según Castillo, el sistema impositivo es heterogéneo y desincentiva la formalidad. “Hay que dividir los impuestos en tres niveles: municipal, provincial y nacional. Puede haber más presión en un departamento que en otro, dentro de la misma provincia. Por ejemplo, en Misiones, además de ingresos brutos del 10%, te cobran sólo por circular por la provincia. Eso es insostenible”, destacó.

El economista Daniel Garro, director de Value International Group, coincide en este punto, pero va más allá. “No es sólo la presión tributaria general, sino la del sistema laboral en particular. Hoy una empresa, por cada persona que emplea, paga el equivalente a 1,6 trabajadores. Es decir, toma dos y paga tres”, explicó.

Garro subraya que esa carga tributaria termina empujando a las pymes a contratar informales, y muchas veces es el propio empleado quien lo prefiere. “Te dicen: ‘no me metas en los libros, dame la plata’. Porque si no, entre aportes y descuentos, se quedan con mucho menos. Pero eso tiene consecuencias: no tienen aportes jubilatorios, ni cobertura, ni derechos laborales. Están completamente desprotegidos”, apuntó.

Tomando como base la población de los 31 principales aglomerados urbanos del país, el Indec informa que hay 9,8 millones de asalariados en el país y entre ellos, 3,6 millones trabajan en la informalidad.

Además, existe una diferencia sustancial entre lo que cobran los asalariados formales y los informales. Según el informe de Distribución del Ingreso publicado esta semana por el Indec, los asalariados con descuento jubilatorio, es decir quienes están en blanco, percibieron en promedio $925.994 en el cuarto trimestre de 2024. En tanto, los asalariados informales tuvieron un ingreso medio de 415.730 pesos.

La situación es especialmente crítica en sectores de baja productividad, como talleres mecánicos, almacenes de barrio o pequeños comercios. “En una economía con poca inversión y baja tasa de capitalización, no se puede tener salarios altos. Si suben por decreto, genera desempleo. Y si se cumple a rajatabla con la ley laboral, la tasa de desempleo real superaría el 50%”, contó Garro.

Según Fecoba, uno de los desafíos más urgentes es concientizar al consumidor sobre el impacto de la informalidad. “Los productos clandestinos no pagan impuestos. Y con los impuestos se financian la educación, la salud y la seguridad. Comprar productos de dudosa procedencia es, en muchos casos, comprar productos manchados de sangre”, sostuvo Castillo.

La situación se vuelve aún más delicada cuando se trata de marcas falsificadas o productos que violan derechos de propiedad intelectual. “Trabajamos activamente con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema, porque es uno de los países con mayor preponderancia en la protección de la propiedad intelectual”, indicó el presidente de Fecoba.

Las redes sociales, donde proliferan cuentas apócrifas y ventas sin ticket, se han convertido en un terreno fértil para este tipo de prácticas. Y aunque el Gobierno dio pasos para transparentar ciertas operaciones -como eliminar la diferenciación de IVA en los tickets fiscales-, los especialistas coinciden en que no alcanza.

“Necesitamos un mapa claro de la presión fiscal por provincia y municipio, y una política pública que premie a quien cumple, no que lo castigue”, reclamó Castillo.

El rol del contrabando

“El 90% de la mercadería ilegal que se vende en las calles entra de contrabando a la Argentina. Está en las saladitas, en las galerías que se transformaron en bolishoppings. Ahí no se va a encontrar marcas, sino imitaciones que entran por Salta y Jujuy y vienen de Chile. Todo viene de China, entra por Iquique”, explicó Horacio Battagliotto, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias y Afines (Cafama).

Según detalló, los productos más comunes son medias, ropa interior y anteojos, y su circulación perjudica directamente a la industria nacional. Battagliotto señaló que el precio al que se comercializan esos productos es imposible de igualar para los fabricantes formales: “Un soquete cortito lo venden por docena a $2.400. Hoy en Argentina no comprás nada a 200 pesos”.

A su juicio, la responsabilidad del Estado es clave para controlar la frontera norte del país. “Si el Gobierno tuviera la voluntad de pararlo, debería poner un freno en el norte para que no entren más estos bolsones de mercadería”, afirmó, y agregó que el foco no debería estar solamente en los vendedores ambulantes: “El trabajo más serio que se hizo no se enfocó en los manteros, sino en sus proveedores. Hay que seguirlos, ver dónde está el depósito y levantarlo”.

El impacto real en la actividad formal

Mientras tanto, los comercios legales siguen sintiendo el impacto de la competencia desigual. “Cuando se vende con factura, se paga todo lo que hay que pagar: cumplir con AFIP, con los aportes, con los controles. Pero el vecino de enfrente vende lo mismo sin pagar nada. Eso nos destruye”, apuntó Castillo.

Los propios comerciantes dan cuenta de esta situación en todo el país. En Mendoza, por ejemplo, existe mucha competencia en la zona céntrica entre los negocios que se encuentran registrados y los “persas” de la calle General Paz, que venden imitaciones y no emiten factura.

Lorenzo, dueño de un local de indumentaria de esa zona, dice que cada vez le resulta más difícil competir con los manteros y ferias clandestinas que proliferan en la ciudad. “Ellos no pagan impuestos, no tienen empleados registrados, no dan garantías. Yo tengo que pagar luz, alquiler, sueldos, cargas sociales... y aún así me exigen que baje los precios”, relata.

Marcela, que tiene una librería hace más de 15 años, coincide: “Antes competía con negocios similares al mío. Ahora, la competencia es la calle. Venden útiles escolares traídos de afuera, sin control, sin factura. Y los padres, que están igual de golpeados por la situación, eligen lo que les alcanza”. Según cuenta, durante la última temporada escolar sus ventas cayeron 30%. “Ya no sé si me conviene seguir. Lo que más duele es ver que se castiga al que quiere hacer las cosas bien”, resume.

Con información de Infobae