Mujer
Como todos los 8 de marzo, este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No es una jornada festiva sino de reivindicación por los derechos de las mujeres.
La fecha ha sido establecida por Naciones Unidas en 1975 en homenaje a las 129 obreras textiles que murieron en la fábrica Cotton Textile Factory de Nueva York, Estados Unidos, el 8 de marzo de 1857. El incendio ocurrió mientras las mujeres se manifestaban por mejores condiciones laborales.
A 50 años de la instalación del día, se siguen buscando los mismos objetivos, vinculados a la promoción de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, la eliminación de su discriminación y lograr la igualdad de género. Con esas consignas, las mujeres se concentran y marchan en distintas ciudades del mundo.
Este 8M encuentra a las argentinas frente a un gobierno que propone una batalla cultural, que incluye el abandono del sostenimiento de políticas protectoras de derechos que demanda el sector. Ello ha significado en el último año la eliminación de estructuras y programas de asistencia en distintas materias.
Desde su campaña electoral, el presidente Javier Milei había anunciado la anulación del área de la mujer. Le enerva, y así lo expresó en un relevante discurso dado en el Foro Económico de Davos, que se imponga una concepción que rompe la igualdad ante la ley. Desde su asunción hubo cambios de fondo, al punto que su gabinete no cuenta con el Ministerio de la Mujer, alguna de cuyas funciones fueron absorbidas por el de Capital Humano, super cartera que concentra todas las dependencias de carácter social. La problemática de ese grupo quedó en manos de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género generando incertidumbre en torno de los programas que se venían realizando, al amparo de la ley nacional que creó el Ministerio actualmente desmembrado.
El impacto de estas decisiones no han dejado indemne a Salta, que siente el desfinanciamiento de emprendimientos que concurrían a asistir y contener a mujeres con escasa autosuficiencias. De acuerdo a un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género sobre la primera mitad del año pasado, el gasto en las políticas públicas que apuntaban a reducir la desigualdad de género fue un 33% más bajo que similar período de 2023 que el año 2023, e incluso es un ajuste más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%. Otro caso que debe señalarse y se mencionó en el primer debate del año de la Cámara de Senadores de la Provincia, en el primer cuatrimestre de la gestión libertaria, en la Línea 144 solo se había ejecutado un 25% de lo invertido en igual período del año previo y actualmente ya no opera. No menos significativo es el peso de la incertidumbre sobre el destino de otros programas que ahora dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En Salta no hubo reformas de ese tipo, al punto que a 10 años de su declaración, nuevamente fue prorrogada la emergencia social por violencia de género. En ese lapso creció significativamente la estructura burocrática y el entramado normativo, pero el problema está lejos de haberse resuelto ya que la Provincia, por ejemplo, sigue ocupando lugares por arriba de la tasa media nacional en materia de femicidios.
En tanto sigue siendo materia pendiente de mejoras significativas cambiar los estereotipos de género, cerrar la brecha salarial, abordar la feminización de sectores y la informalidad laboral, y reconocer que la educación, aunque vital, debe complementarse con otras estrategias para alcanzar una verdadera equidad laboral.
Hay un largo camino por recorrer pero la toma de conciencia de toda la sociedad en torno de estas problemáticas es un logro que debe ponderarse positivamente,
Salta, 07 de marzo de 2025
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