El Gobierno desvinculó a más de 2800 empleados de Capital Humano

El gobierno de Javier Milei despidió esta semana a al menos 2800 personas vinculadas al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Según pudo saber LA NACION, la decisión de la administración libertaria forma parte del “plan motosierra” que tiene a cargo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para con el empleo público.

Al mismo tiempo, el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado denunció “violencia institucional, hostigamiento y maltrato sistemático” por parte de Pettovello, una de las funcionarias más cercanas al Presidente.

“En las últimas horas, el Gobierno profundizó su ataque contra los trabajadores estatales con una nueva ola de despidos masivos. Cientos de compañeros y compañeras de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, la Dirección Nacional de Arquitectura y otras áreas recibieron la notificación de la finalización de sus contratos, dejando a 400 familias en la calle sin ninguna oportunidad”, indica el comunicado de la pata porteña de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo líder es Daniel Catalano.

Y sigue: “A su vez, en el exministerio de Desarrollo Social, más de 2000 trabajadores de la Subsecretaría de Políticas Familiares (Senaf) fueron despedidos o pasados a disponibilidad”.

En esa línea, asegura que la medida “arrasa con los derechos” y que “abandona a los sectores más vulnerables del país”. “Denunciamos también la violencia institucional, el hostigamiento y el maltrato sistemático de la gestión de Pettovello, que precariza, despide y juega con la salud física y mental de los trabajadores en su afán de destruir el Estado. Por su parte, en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), la autoridad encargada de la contaminación en la cuenca Matanza Riachuelo ya se contabilizan 300 despidos en esta nueva tanda”, agregan desde ATE Capital.

“Reafirmamos nuestra lucha por la reincorporación de cada despedido y despedida, y por la defensa irrestricta de los derechos laborales”, cierra el mensaje difundido por la red social X.

Los motivos

Mientras que todavía no hubo un comunicado oficial con respecto a las desvinculaciones, LA NACION pudo saber que esto se enmarca en el “plan motosierra” anunciado en conjunto entre Milei y Sturzenegger, que habría hecho un repaso generalizado sobre los puestos de trabajo en estas áreas afectadas y habría detectado “tareas duplicadas”.

Asimismo, distintas fuentes dijeron a este medio que estos sectores supieron estar bajo el control del dirigente social del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, durante el gobierno anterior.

Del total de echados, hay gente que estaba contratada y otra, en planta permanente. A los primeros se les dieron de baja esas contrataciones, por lo que quedaron fuera de la planta estatal. A los otros de momento se los pasó a disponibilidad de Recursos Humanos, todavía con goce de sueldo, como establece la normativa oficial.

Ya en marzo del año pasado, el ministerio de Pettovello avanzó con la cesantía de más de 3600 empleados, que fueron notificados vía mail. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue el área más afectada por el recorte; le siguieron la Anses y la Secretaría de Trabajo.

Bajas en el Estado

En el marco del plan del Gobierno de achicar el Estado, a principios de enero la administración mileísta dispuso nuevas medidas para limitar el ingreso de personal nuevo al sector público mediante los decretos 1148/24 y 1149/24. Las disposiciones buscan profundizar la reducción del gasto público y fomentar la idoneidad en el empleo estatal, tras 12 meses marcados por el ajuste fiscal que derivó en la salida de más de 35.000 empleados estatales.

Entre enero y noviembre de 2024, se desvincularon cerca de 36.000 empleados estatales como parte de las políticas de ajuste. Esta cifra se complementó con nuevas restricciones para futuras contrataciones.

El Decreto 1149/24 establece que, a partir del 1 de marzo de 2025 (hoy), quienes aspiren a ingresar al sector público deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, implementada previamente para los empleados existentes. Este examen también será obligatorio para las empresas con mayoría accionaria estatal. Además, cualquier alta en el sector deberá estar respaldada por la baja de tres empleados, conforme a lo estipulado en el decreto 1148/24.

Además, las contrataciones realizadas durante 2025 no podrán extenderse más allá del 30 de junio, salvo excepciones limitadas.

Por su parte, el Decreto 1148/24 condiciona nuevas incorporaciones a la validación por parte de la cartera de Desregulación e insta a las empresas estatales y fondos fiduciarios a adoptar medidas similares para limitar las contrataciones, por lo que se estableció que cualquier contratación en 2025 deberá estar previamente justificada y sujeta a estrictos controles de idoneidad.

Con información de La Nación