ATE advirtió al Gobierno tras la decisión de limitar los aumentos de sueldo
El Gobierno de Javier Milei ha reavivado tensiones con los trabajadores estatales tras extender por un año una normativa que limita las negociaciones salariales en el sector público. La Decisión Administrativa 1/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece que cualquier aumento salarial estará supeditado a la disponibilidad presupuestaria de cada área del Estado.
Este esquema, planteado originalmente en febrero de 2024, fue prorrogado para regir durante todo el Ejercicio 2025 con el objetivo de garantizar "la equidad salarial" y contribuir al equilibrio fiscal, según destacó el Poder Ejecutivo en el documento firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La respuesta sindical y el riesgo de un conflicto escalado
Las reacciones desde el sindicalismo no se hicieron esperar. Rodolfo Aguiar, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas. “Condicionar los incrementos salariales a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia estatal es igual a decir que vamos a tener 0% de aumento anual”, advirtió. Más aún, alertó sobre posibles consecuencias sociales: “Con salarios de 2023, si de algo puede estar seguro el Gobierno es que no va a existir paz social”.
El sindicalista también acusó al oficialismo de buscar un desmantelamiento definitivo de los ingresos de los trabajadores del sector público. “Pretenden utilizar esta prórroga para asestar el golpe final sobre los ingresos y empujar a la pobreza a todos los que prestan servicios en el sector público. No van a poder cumplir con esta decisión. A esta resolución la vamos a pasar por encima con movilización”, anunció Aguiar.
Tensión por la Resolución 1/2025
La prórroga de estas restricciones genera una tensión adicional, considerando que la normativa inicial -la Decisión Administrativa 28/2024- fue implementada en un contexto inflacionario extremo y sin un presupuesto aprobado desde 2022.
Según Aguiar, esta situación hace que la medida sea “inviable y de cumplimiento imposible”. “Hicieron todo para que no hubiera Ley de Presupuesto. La última norma se formuló en el 2022 y acarrea más de un 1000% de inflación”, denunció.
El texto oficial de la resolución pone énfasis en la necesidad de "mantener parámetros homogéneos" para las negociaciones dentro del sector público, en línea con la política de ajuste fiscal que caracteriza a la administración Milei.
"Las medidas implementadas marcaron un camino de reducción del gasto público sin perder el objetivo de optimizar los recursos y lograr un accionar más eficiente del Estado", subrayó el documento.
La conflictividad latente entre el Gobierno y los estatales perfila un escenario complejo de cara al año que comienza. Mientras Milei insiste en priorizar el ajuste fiscal como una condición innegociable, los sindicatos anticipan un 2025 plagado de movilizaciones y reclamos.
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