Ordenan al Gobierno resolver los pedidos atrasados de medicamentos para personas vulnerables
La Justicia le ordenó al Estado nacional resolver los pedidos de medicamentos y subsidios demorados y adecuar todos sus procedimientos al plazo de 60 días para resolver que establece la Ley de Procedimientos Administrativos.
Se trata de una medida cautelar que fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, en el marco del proceso colectivo promovido por un conjunto de asociaciones civiles que representan a pacientes de cáncer y otras enfermedades graves.
El objetivo de las mismas es tutelar los derechos a la salud y a la vida de las personas que requieren medicación o asistencia en su tratamiento médico y están esperando la resolución de sus expedientes ante la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Concretamente, el amparo fue presentado en abril. La composición del colectivo comprende a todas las personas que requirieron asistencia médica a la DADSE y que cuentan con un expediente cuyo trámite se ha visto suspendido por las decisiones de esta administración (suspender el procedimiento para la obtención de presupuesto, falta de designación de un Director o Subdirector, falta de dependencia institucional a alguna Secretaría, falta de presupuesto suficiente).
El objeto de la pretensión consiste en que se establezca la obligación de designar autoridades de la DADSE, de sancionar un procedimiento respetuoso tanto del debido proceso como de la urgencia requerida, de destinar una cantidad suficiente de personal y empleados públicos que pueda dar respuesta a los requerimientos en un plazo no superior a 20 días, y de garantizar la existencia del presupuesto necesario durante todo el ejercicio.
El sujeto demandado es el Estado Nacional -Ministerio de Salud- Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.
A la par, la Justicia Federal de Mendoza suspendió a través de una medida cautelar la obligatoriedad para que los afiliados del PAMI deban realizar una nueva inscripción para acceder a medicamentos gratuitos. La medida, que fue impulsada por una asociación de jubilados, tiene alcance solo para la provincia cuyana.
La presentación fue realizada por la agrupación Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas Mayores (Jubypen), con patrocinio de los abogados Carlos Blanco y Marisa Uceda, presentó una medida cautelar solicitando que se suspenda la obligatoriedad de realizar una nueva inscripción para acceder a medicamentos.
Con información de Ámbito