Corea del Sur: Yoon Suk Yeol se ausentó a un interrogatorio y puede ser arrestado
Yoon Suk Yeol se ausentó a un interrogatorio para el que fue citado a la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO), en relación a su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
El lunes Yoon había sido citado por el equipo conjunto de investigación, formado por la policía, el CIO y la unidad de investigación del Ministerio de Defensa, para que se presentara al interrogatorio en la sede del organismo anticorrupción en Gwacheon (al sur de Seúl).
Yoon ya evitó presentarse a una primera citación el pasado domingo con la Fiscalía surcoreana, que también lo investiga de manera paralela por su decisión de decretar el estado de excepción a principios de mes argumentando el peligro que suponía la oposición para la democracia nacional.
Las consecuencias para Yoon: la posibilidad de arresto
Tras enviarle la citación, la Fiscalía advirtió que si Yoon decide no presentarse antes del 21 de diciembre estudiará solicitar una orden de arresto. El CIO está meditando enviar también una segunda citación, informó hoy la agencia Yonhap, e incluso está analizando si la situación le permitiría solicitar también una orden de arresto, competencia que en principio solo corresponde a los fiscales. Los representantes de ambos equipos de investigación señalaron que los servicios de seguridad presidencial están a su vez devolviendo las citaciones que reciben.
La inmunidad no alcanza a los casos de insurrección
A Yoon se le prohibió salir del país, al igual que a otros miembros de su gabinete. A su vez, altos cargos militares y policiales son investigados por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección. Este último es el más grave de ellos y puede suponer el arresto de Yoon, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección.
A los líderes de este delito -por ejemplo, en casos de levantamiento- se les aplica cadena perpetua o pena de muerte. Yoon fue destituido el sábado por el Parlamento y su futuro depende de lo que decida el Tribunal Constitucional, que tiene un máximo de seis meses para determinar si el presidente violó o no la Carta Magna al implementar la ley marcial y si, por lo tanto, debe ratificarse su cese o debe ser restituido en el puesto.
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