Condenados por transportar 418 kilos de cocaína en un cargamento de cemento
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó el martes pasado a cuatro hombres por el transporte de 418 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cemento a penas de entre 7 años de prisión y 9 años y 6 meses de prisión. La operación había sido desbaratada en noviembre de 2023 a partir de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
El juez Domingo Batule -quien presidió el cuerpo- y las vocales Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi consideraron a los cuatro condenados responsables del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de participantes, en el final de un extenso debate desarrollado entre septiembre y noviembre pasados.
El chofer del camión, Santos Pascual Yufra, y el gestor de los vehículos que utilizaban esta y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, David Liquitaya Choque, recibieron la pena de 9 años y 6 meses de prisión en calidad de coautor y partícipe necesario, respectivamente.
El acompañante del transportista, Fernando Ariel Ramírez, fue condenado a 7 años de prisión, mientras que Darío Ezequiel Giménez, quien durante la operación conducía un vehículo “puntero” para advertir sobre posibles controles, recibió una pena de 8 años y 6 meses de prisión. Ambos fueron considerados coautores de aquellos delitos.
La acusada Matilde Ayala, pareja de Yufra, resultó absuelta.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal hizo lugar al decomiso de un camión Volvo, tipo tractor de carretera, de un semirremolque tolva y de siete teléfonos celulares. En cuanto al resto de los vehículos secuestrados, desde la fiscalía se informó que están en proceso de decomiso.
La sentencia respondió al requerimiento el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, en el marco de una investigación que inició dos meses antes de la desarticulación de esa organización narcocriminal, que operaba a nivel trasnacional.
Para la fiscalía, el caso reflejó la modalidad de adquisición de la droga en Bolivia, su paso a la Argentina y luego a otros mercados internacionales, y también dejó a la vista el manejo de fondos para solventar una operación de tráfico de envergadura, como el ingreso de las ganancias y las maniobras financieras dirigidas al “blanqueo” de ese dinero.
El MPF marcó que esta investigación tiene conexión con otra que la PROCUNAR NOA y la Unidad Fiscal de Jujuy llevan adelante sobre lavado de activos desplegado por un clan familiar que operaba en esa provincia, con la cual estaban conectados los cuatro condenados.