Lobby tabacalero: el “Señor Tabaco” envuelto en millonaria evasión impositiva

Durante los últimos meses de 2023, y en silencio, tres agentes de la AFIP investigaron en profundidad el mercado de los cigarrillos en el país. Descubrieron un desfalco millonario al Estado. Su trabajo fue oculto, pero los sabuesos de la AFIP fueron luego removidos y las consecuencias de su informe, nulas. La existencia de este documento y de las represalias sobre los trabajadores, fueron reveladas en junio. Ahora, LA NACION accedió a su contenido, en el que se da cuenta del descubrimiento de un minucioso y aceitado sistema de facturas apócrifas y evasión fiscal que incluye a jugadores del tabaco, entre las cuales está Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, y distribuidores fantasmas.

Vale recordar que el conocido “Señor Tabaco” fue expuesto por el gobernador Gustavo Sáenz, en abril pasado, denunciando que la provincia de Salta pierde, del Fondo del Tabaco, entre seis y nueve mil millones de pesos a costa de los “privilegios” impositivos. Por ese entonces, el gobierno nacional de Javier Milei, cuando se discutía la Ley Bases, había sacado del capítulo fiscal el impuesto mínimo para subir de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno.

También, cabe rememorar, que en razón de ello, el diputado nacional por Salta del signo político oficialista presentó una defensa férrea a Sarandí, lo que le valió el mote de “lobbista”, ya que en declaraciones radiales con Radio Rivadavia, el legislador acusó una “Gestapo de precios”, afirmando que la mencionada medida iba en contra de los  “principios del liberalismo”. Zapata – también-  ha sido señalado por el periodista Carlos Pagni, como uno de los legisladores que hacen lobby por Otero.

De vuelta al informe, fechado el 22 de febrero de 2024 y que comprende el período 2021-2023.

Para entender cómo funciona la operatoria debe considerarse que para vender cigarrillos es necesario obtener las estampillas que distribuye la AFIP. De lo contrario, los problemas legales son mayores al de una evasión. Por lo tanto, para quien quiera evadir en la venta de cajetillas, es necesario facturar mucho a precios muy bajos. Las ventas simuladas son el puntapié del informe.

Las empresas del tabaco se dividen en dos: las grandes multinacionales y las locales que crecieron en porcentaje de participación en el mercado de la mano de decenas de cautelares que les permitieron pagar menos impuestos durante años. Entre las locales aparecen Sarandí y Bronway, que eran, además, socias por vínculo familiar, ya que quien manejaba la segunda era cuñado del dueño de la primera. Entre todas hay procesos tanto comerciales como penales abiertos con el fisco.

El documento de la AFIP detectó que las empresas están asociadas por lo menos con 44 distribuidores apócrifos. Son sociedades fantasma, necesarias para simular facturación. Les emiten a las tabacaleras cientos de facturas por compras de cigarrillos a precios por la mitad de lo que se venden en los kioskos, o incluso menos. Las maniobras eran tan burdas que los agentes del organismo recaudador detectaron que la emisión de facturas se hacía de forma “secuencial, automatizada, por medio de un sistema robotizado, que emite una tras otra prácticamente iguales, con diferencia de tres o cuatro segundos”. El informe muestra que en una misma fecha hubo miles los comprobantes y todos con pago en efectivo, sin superar los cerca de $30.000 y comisiones al distribuidor.

“Es ridículo plantear que Tabacalera Sarandí emitió facturas falsas por un producto que paga 80% de impuestos; sería un contra sentido, que demuestra la intención algunos periodistas de escrachar a la empresa sin contenido cierto y verídico”, contestaron desde la compañía, ante la consulta de LA NACION sobre las revelaciones del documento.

Las facturas apenas cubren el costo de los cigarrillos. Se trata de ventas simuladas, con desvíos en los valores de hasta el 300% de empresas que no tienen capacidad económica financiera, no cuentan con una sede o edificio, no tienen empleados registrados, no tienen cuentas bancarias, cuyos únicos clientes son las tabacaleras. Los cigarrillos son “vendidos” a los distribuidores a valores ínfimos y luego se colocan en los kioskos a siete u ocho veces el precio. Toda esa diferencia ingresa en efectivo. No es de extrañar que muchas estaciones de servicio y comercios no permitan el pago de cigarrillos con tarjetas o incluso con transferencias.

Las ventas simuladas se estiman en $70.000 millones para 2023 y, en toda la operatoria, lo que perdió el fisco asciende a cerca $186.700 millones, según el informe. La otra cara de la moneda son sospechas de la Unidad de Información Financiera y organismos extranjeros sobre el incremento de la fortuna de Otero que, como contó LA NACION, consisten en decenas de propiedades en Miami y Brasil, y alertas en los blanqueos que ha realizado el empresario.

Los agentes de la AFIP detectaron a las empresas apócrifas de mayor nivel de facturación y hallaron vínculos entre las mismas y las tabacaleras, a tal punto que algunas de ellas comparten domicilio fiscal. En algunos casos, son personas las que facturan. Estas son Minico Player, Tobacco Minico, Gonzalo Moria, Marcelo Gustavo Mirarchi, Lorena Pallazo, Gustavo Palacios, Stella Maris Yusso y Cristian Boullon.

Se verá en los próximos meses cómo decide el Gobierno encarar la relación con la compañía, ya que con un reciente fallo de la Corte Suprema, se dejó sin efecto una serie de medidas cautelares dictadas a favor de Sarandí que la eximían de pagar una parte del impuesto interno al tabaco (lo mismo ocurrió una semana después con Bronway). Sin embargo, todavía no tiene obligación de abonar el tributo porque cuenta con otra sentencia sobre el fondo del caso que está apelada en la propia Corte Suprema. Mientras tanto, ARCA tiene que avanzar con una determinación de deuda que, por el momento, avanza lentamente.

Otero dio una entrevista este sábado y admitió que “el Presidente estuvo molesto con nosotros en el tratamiento de la ley ómnibus”. Como suele ocurrir, Otero acusó a Massalin, la empresa detrás del grupo Phillip Morris, y a los medios de comunicación de llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra. Agregó que “la AFIP nos hostiga y que “hemos tenido que denunciar al organismo”. “Lo que hacemos ahora es tratar de cuidarnos de más ataques”, añadió.

En los últimos meses, la embestida del oficialismo contra Otero cesó y las versiones sobre los vínculos entre la Casa Rosada y el empresario se profundizan.

Los trabajadores que elaboraron el informe fueron desplazados y siguen corridos de sus funciones. Sus computadoras fueron robadas y les quitaron las claves de acceso al sistema de la exAFIP. Los miembros de la Subdirección General de Fiscalización siguen siendo parte de la planta pero no asisten al edificio porque no tienen permitido el acceso. La AFIP explicó el desplazamiento de los mismos como una “reestructuración general del área de fiscalización”.