Rematan por USD 150.000 un dúplex decomisado por trata de personas
En su estrategia de avanzar con el ajuste del Estado y recaudar recursos para las arcas públicas, además de habilitar para la venta recientemente más de 300 inmuebles propiedad de la Administración Pública Nacional, el Gobierno continuó con el remate de bienes decomisados por la Justicia. Este miércoles vendió en USD 150.000 un dúplex en el barrio porteño de Flores incautado a los acusados en la causa del Clan Aliaga. Se la conoce así por el apellido del grupo familiar acusado de la explotación laboral y privación de la libertad de ciudadanos bolivianos a los que obligaban a trabajar en talleres clandestinos de costura. Los fondos serán destinados al Fideicomiso de Administración Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, para afrontar compensaciones dispuestas por la Justicia para las víctimas.
La subasta la concretó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por medio del sistema de gestión electrónica oficial Subast.ar. El monto ofertado por el ganador de la subasta está apenas por debajo del precio base de USD 150.414. Es el cuarto remate realizado en lo que va de esta gestión de inmuebles decomisados en investigaciones judiciales por corrupción, trata o narcotráfico. Los tres inmuebles con ese origen ya subastados en lo que va de 2024 le implicaron al Estado una recaudación de USD 1.346.291 en total.
La decisión se enmarca en la ampliación de facultades que le dio a la AABE el decreto 636/2024 del 19 de julio pasado, para realizar un relevamiento actualizado de los inmuebles, vehículos, barcos, maquinarias pertenecientes al Estado, y venderlos llegado el caso, y administrar bienes sujetos a procesos judiciales de extinción de dominio. Con ese objetivo, a finales de agosto, la AABE -a cargo de Nicolás Pakgojz- puso en marcha la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Bienes Decomisados, destinada a “articular y dirigir, en coordinación con las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional, las distintas acciones conducentes a la organización de los bienes que ingresen al patrimonio del Estado Nacional, como consecuencia de decomisos efectuados por el Poder Judicial”, según informó el organismo en un comunicado. El objetivo es “agilizar los tiempos” de remate de esos bienes, para “garantizar la reutilización social de bienes secuestrados al delito”.
La propiedad vendida ayer es una casa de dos pisos ubicada en la calle Bacacay 3591, de 177 m², ubicada en Flores, a pocas cuadras de la avenida Avellaneda donde se comercializa ropa confeccionada en talleres clandestinos. Cuenta con tres plantas; cochera; sala de estar y comedor; baño completo y toilette; cocina; patio y terraza; y tres habitaciones.
Esta vivienda era utilizada como centro de distribución y stockeo de lo producido en otras dos casas, ubicadas en Cajaravilla 4675 y 4726, en el barrio porteño de Villa Luro, donde funcionaban talleres de costuras ilegales en los que la familia Aliaga explotaba a 34 hombres y mujeres de nacionalidad boliviana, con sus hijos, todos menores de edad. Una vez finalizada la producción, la mercadería era trasladada al domicilio de Bacacay 3591, ubicado a pocas cuadras de la avenida Avellaneda donde se encontraban los locales de venta al público. Con jornadas de 17 horas de trabajo, las víctimas trabajaban y vivían en condiciones muy precarias, de hacinamiento y privados de su libertad.
Una de estas dos viviendas, la ubicada sobre la calle Cajaravilla 4675, se subastará el próximo 26 de noviembre. Con 488 m2 de terreno y 345 m2 de superficie cubierta, saldrá a la venta con un precio base de USD 228.676. Cuenta con una vivienda con acceso por puerta principal y cochera; un cuarto de estar; cocina; un pasillo de distribución; dos dormitorios; y un baño. A su vez, desde la cocina y la cochera se accede a un patio que conforma la segunda parte del inmueble: un pasillo descubierto de distribución a varias habitaciones. En tanto, hacia el fondo del terreno se encuentran dos baños; una ducha; un taller de grandes dimensiones; y una escalera donde se accede a la terraza.
En esta causa, están procesados con prisión preventiva Kjara Moisés Aliaga y sus cuatro hijos: Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo. La causa tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, y se inició a raíz de la denuncia presentada por Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).