Opinión11/10/2024

Oportunidad

Cierra la semana en que comenzó el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional 2025. El análisis se enmarca en un clima de enervación social luego de la ratificación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Un oficialismo parlamentario escuálido parece que confía en su capacidad de convencer lo suficiente para conseguir los votos que le permitan alcanzar sus propósitos y ellos no incluyen construir alianzas políticas sino acuerdos circunstanciales para mostrar resultados ponderables. Tiene vigente un marco normativo que lo habilita a tomar decisiones en torno de pocos ejes de acción, de orden fiscal y monetario.

La oposición no es un bloque y con excepción del kirchnerismo reunido en Unión por la Patria y la izquierda numéricamente insignificante, los distintos sectores se escudan en la profunda crisis nacional para acercarse o tomar distancia de la  gestión libertaria que estrena una forma de hacer política que permite asociaciones transitorias sin compromisos ideológicos. Cada paso que da La Libertad Avanza es un verdadero ejercicio de negociación, cuyos términos se ignoran o se sospechan.

Llegar a la sanción de la llamada Ley de Bases y a un remedo de acuerdo político llamado Pacto de Mayo, costó medio año de intercambios, especialmente con los gobernadores de todo el país. Las dificultades que les generó la interrupción de los giros de dinero para financiar obras y programas de carácter social en sus respectivos estados, los obligaron a abandonar posiciones y acordar nuevas reglas de juego.

En el caso de Salta -cuyo mandatario no confrontó ni restó acompañamiento a la presidencia de Javier Milei- apenas pudo destrabar un conjunto de obras y mejorar el perfil de su deuda. Precisamente este jueves se publicó el decreto aprobando el acta entre el Estado Nacional, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la provincia de Salta para formalizar la cancelación anticipada de la abultada deuda.

También firmó convenios para activar menos de la mitad de las obras que se paralizaron a fines de 2023, lo que llevó a la pérdida de unos 10 mil puestos de trabajo. Se trata de proyectos de agua y saneamiento, y de infraestructura escolar, social, urbana y cultural. Son rutas, viviendas, plantas depuradoras, puentes, escuelas que en su mayor parte quedaron a cargo de la Provincia. Y la Nación no está cumpliendo en tiempo y forma con lo convenido.

Es lo que llevó a que el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, a comentar que la Nación “corre el arco todos los días”. El tránsito de las gestiones no es fluido y se advierte en el Ejecutivo nacional que la última palabra la tiene Javier Milei pero “el presidente no habla”.

A la hora de avanzar en el tratamiento del presupuesto será otra oportunidad para intercambiar votos por obras. Pero  no son acuerdos confiables, conforme la evaluación del Ministro Coordinador del gabinete de Gustavo Sáenz.

Pero es una oportunidad que deben aprovechar los gobernantes para contener a una población que ha comenzado a dar muestras de inquietud y puede llegar a la exasperación.

Salta, 11 de octubre de 2024

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