Crujidos
Ni el gobierno ni la ley vetada quedaron en el centro del análisis luego de la sesión especial del miércoles de la Cámara de Diputados de la Nación. El resultado de lo ocurrido es que no habrá cambios en la situación de los ingresos de los jubilados por fuera de lo dispuesto en marzo pasado por el DNU 268 pero continuará la discusión respecto de la representación política en la Argentina.
Tras la decisión de la Cámara baja nacional de apoyar el veto presidencial sobre la ley que disponía nueva movilidad jubilatoria y obligaba al Ejecutivo a saldar deudas previsionales tanto con provincias como con jubilados, la relación de poderes, el papel de los partidos y la representatividad ciudadana entraron en estado de efervescencia. La posibilidad de que se revise todo el sistema jubilatorio se debilitó frente a los resultados de este último intento de poner un parche a la cuestión. Si no se pudo lo menos, difícilmente se logra lo más.
El voto de los diputados no fue mayoritario respecto del apoyo al veto pero fue suficiente para frustrar la pretensión de alcanzar los dos tercios de los presentes necesarios para rechazarlo. Esa situación se logró mediante ausencias. abstenciones y votos negativos que fueron en línea opuesta a lo que en junio se había expresado en un recinto donde se reconoció que los viejos eran los mayores aportantes al ajuste fiscal que posibilita el equilibrio de las cuentas públicas. Se buscó corregir la situación y dio media sanción a una ley, que cambiaba la decisión del gobierno libertario de incrementar haberes en base a la inflación, dejando un trimestre sin equiparación.
La representación salteña fue una de las que expuso el cambio de posición, sin una explicación ni siquiera un anticipo. Los diputados saencistas, nucleados en el bloque Innovación Federal, se abstuvieron en la votación, con excepción de Pamela Calletti que se ausentó mientras un par de su bancada daba cuenta que debían quitar apoyo al rechazo al veto. No se trata, en este caso, de privar a los legisladores de su derecho a tener una opinión fundada; se trata precisamente de dar razones a una base electoral que los llevó a una banca y a una ciudadanía que le deben reconocer su representación.
Este es un ejemplo que se repite en un cuerpo de 257 miembros y que pone de relieve un problema que tiene la democracia argentina: es la crisis de los partidos políticos. La Constitución Nacional dice que son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su función es elegir a los candidatos que se presentan para las elecciones de cargos públicos. De allí que se reconoce que sin partidos no hay democracia pero también se observa que estos muestran un funcionamiento cada vez más deficitario en sus niveles fundamentales. Según especialistas que observan este proceso, los partidos están fallando en su capacidad programática y de gestión, la de generar e implementar soluciones adecuadas; y están fallando también en su capacidad de representar a la ciudadanía y dar sentido a la democracia sosteniendo la legitimidad del sistema.
Es lo que se está confirmando en este tiempo en que hay una directa injerencia de un poder sobre otro, cuando el Presidente de la Nación llama a reuniones cerradas a legisladores supuestamente opositores -reconocidos como amigables- y todo indica que se arregla la toma de decisiones parlamentarias.
Cruje el sistema institucional frente a arreglos poco transparentes y a alineamientos de los que ningún partido se hace cargo.
Salta, 12 de septiembre de 2024
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