El Gobierno puso luz verde a la reglamentación de la Ley Bases

Finalmente, el Gobierno avanzó este lunes con la reglamentación de la primera parte de la Ley Bases. Fue mediante un decreto que se publicó el domingo a la medianoche en el Boletín Oficial. 

Entre las principales reformas que se pusieron en vigencia, Javier Milei incluyó la delegación de facultades, la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público.

Representa así el comienzo de una serie de decretos para implementar la normativa, una de las iniciativas pilares del oficialismo para la transformación del Estado.

Quedaron para una siguiente etapa capítulos como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), en medio de los avances de inversiones, como el anuncio de un importante proyecto minero de la firma australiana BHP en San Juan, anunciado la semana pasada.

 
Los puntos reglamentados
El primer artículo de la Ley Bases declara las emergencias en "materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año”.

La norma delega en el Poder Ejecutivo nacional "las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente".

Luego, el capítulo dos declara como sujetas a privatización a las empresas públicas Yacimientos Río Turbio, Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo. A la lista también se suma Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales S.A en condición, como pasibles de "privatización o concesión". 

El capítulo 3, denominado como "procedimiento administrativo”, contiene temas relacionados a las concesiones y recisión de contratos de obras públicas. También eventuales acciones judiciales de empleados públicos y normas sobre la ejecución de contratos con el Estado.

Finalmente, se reglamentó el capítulo 4, que se encuentra concentrado en el empleo público, con la previsión de nuevos recortes en la plantilla estatal.

Implica un marco regulatorio que alcanzará a alrededor de 180 mil empleados (incluyendo los de planta transitoria y aquellos con estabilidad plena), con un plazo máximo de un año para encontrar un nuevo puesto, tras lo cual podrían ser desvinculados con derecho a indemnización.